Criminalidad en América Latina
La plaga de la violencia y la corrupción policial
(Especial Infolatam).- Según el mexicano Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, que rastrea estadísticas de criminalidad para elaborar una lista de las 50 ciudades más violentas del mundo, desde 2010 siete de las 10 primeras han sido latinoamericanas.
Con un aumento del 11% de la tasa de homicidios en 2014, 41 de las 50 más peligrosas ya lo son. Y lo que es peor, todas las 10 primeras están en la región.
La primera, por tercer año consecutivo, es la hondureña San Pedro Sula, con 187 homicidios por cada 100.000 habitantes, con una media de tres asesinatos diarios. Esa ciudad figuró en 2010 en el tercer lugar con 125, en 2011 pasó al primer lugar con 159 y en 2012 tuvo 174.
Le siguen Caracas (Venezuela, 134), Acapulco (México, 113), Cali (Colombia, 83), Maceió (Brasil, 79), Distrito Central (Honduras, 79), Torreón (México, 87), Fortaleza (Brasil, 72), Guatemala (68), Joao Pessoa (Brasil, 66) y Barquisimeto (Venezuela, 64).
El último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la violencia global arroja resultados similares. En 2012, el último año para el que hay datos fiables, la OMS sitúa 165.617 asesinatos en América Latina y el Caribe. Un 75% de esos homicidios fueron cometidos con armas de fuego, una cifra que alcanza el 90% en Venezuela y el 77% en El Salvador. El 30% de ellos estuvo relacionado con bandas.
La lista de los países más violentos la encabeza Honduras, con una tasa de 103,9, seguido por Venezuela (57,6), Jamaica (45,1), Belice (44,7) y El Salvador (43,9). Entre los más seguros está Chile (4,6), Cuba (5,1), Argentina (6,0) y Costa Rica (8,5).
Ello significa que con el 9% de la población mundial, la región registra más del 30% de los homicidios, con 28,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que cuadruplica la del resto del mundo y duplica la de África (11,2), la segunda región más violenta.
La tasa centroamericana es de 34 mientras que la suramericana es de 17.El 17% de los encuestados dice haber sido víctima de un crimen, una cifra constante desde 2004. El 40% confiesa tener miedo de transitar por ciertas zonas de sus ciudades.
En 1994 la seguridad era la principal preocupación del 5% de los ciudadanos (60,3%). Esa cifra pasó al 22,5% en 2004 y hoy es del 28%. Incluso en países tradicionalmente pacíficos como Costa Rica y Uruguay han aumentado los asaltos, una de las causas que explican la iniciativa para legalizar la marihuana del presidente uruguayo José Mujica.
Así, a la violencia política de la segunda mitad del siglo XX –30.000 desaparecidos en Argentina, el genocidio de 100.000 indígenas en Guatemala, los 80.000 muertos de la guerra civil en El Salvador, 200.000 caídos en el conflicto colombiano …– le ha seguido una oleada de violencia criminal que entre 2000 y 2010 dejó más de un millón de muertos.
¿Por qué la vida vale tan poco?
Los expertos no llegan a explicarse del todo el fenómeno, sobre todo porque los demás indicadores sociales y económicos muestran tendencias claramente positivas: el desempleo ha bajado y la expectativa de vida ya ha alcanzado los 74 años y sigue en aumento. Incluso la desigualdad, la más alta del mundo, ha disminuido gracias a la “década dorada” de crecimiento de los años 2000.
El problema es que la inseguridad y la delincuencia pueden ser tan graves como la pobreza por la desconfianza que genera hacia las instituciones. En casos extremos, fomenta la aparición de grupos paramilitares, patrullas de “vigilantes” y hasta la condescendencia con los linchamientos. De hecho, según el Latinobarómetro, el 55% de los encuestados son partidarios de políticas de mano dura para determinados delitos.
Es comprensible: sin seguridad, ni la economía ni la vida en comunidad pueden funcionar bien. En extensos territorios de varios países, los delincuentes le disputan al Estado los monopolios de la violencia, la justicia y hasta de la tributación, con la masiva extorsión practicada por las “maras” en algunos barrios populosos salvadoreños y hondureños.
Las evidencias indican que no existe una relación directa entre pobreza e inseguridad. Si así fuera, Nicaragua sería uno de los países más violentos del continente –cuando su tasa de homicidios está mas cerca de la de Costa Rica que la de Honduras– y las políticas sociales de la Venezuela chavista habrían mitigado la violencia delictiva.
Lo que sí existe es una relación directa entre violencia y ausencia del Estado. Cuando en un país los delincuentes se mueven abiertamente armados, interceptan vehículos en retenes, arrojan cadáveres en lugares públicos como una táctica de terror y extorsionan poblaciones enteras pese a que todo mundo sabe quiénes son, pero nadie los denuncia, todo ello revela que el Estado ha sido sustituido por organizaciones criminales.
Algunos analistas atribuyen el deterioro al debilitamiento de la familia. Los hogares monoparentales se han duplicado en los últimos 30 años. Las que tienen a una mujer como cabeza de familia son hoy el 26% en Argentina, 21% en Chile y 20% en México.
El crimen organizado es otra de las razones obvias. Sin el narcotráfico, ni “el Chapo” Guzmán ni Pablo Escobar habrían llegado donde llegaron. Pero las drogas no son las únicas fuentes de origen de las fortunas mafiosas. Cuando en México o Colombia se desmantelan bandas de narcos, aumentan las extorsiones y los secuestros.
De hecho, muchos homicidios se cometen para que nadie dude que dejar de pagar una “vacuna” implica la muerte. Una vez que la población víctima está sometida al poder criminal, el número de homicidios cae, lo que equivale a una ‘pax mafiosa’.
Las mafias policiales
Según la consultora InSight Crime de Medellín, en la violencia latinoamericana inciden además la corrupción y debilidad de las fuerzas de seguridad, la falta de control sobre el espacio aéreo, fronteras porosas y la falta de controles migratorios y de lavado de dinero.
En casi todos los sondeos, la mitad de los encuestados declara su desconfianza hacia los cuerpos de seguridad. Bolivia, Venezuela, Perú, Haití y México son los países donde peor imagen tiene la policía y donde la sensación de impunidad está más extendida.
Según un estudio del economista Benjamin Olken de la Universidad de Harvard, mientras que en en EEUU el 56% de las víctimas de un delito lo denuncia a la policía, en América Latina esa cifra apenas supera el 23%.
No sorprende, por ello, que la industria de la seguridad privada, con casi cuatro millones de agentes, sea un negocio que crece a una tasa del 9% anual y que hoy mueva casi 30.000 millones de dólares anuales, una cifra mayor que el PIB de Paraguay.
Según el último informe de la ONU sobre seguridad en América Latina, en Brasil el número de guardias privados supera al los policías en una proporción de 4-1; en Guatemala de 5-1 y en Honduras de 7-1. La media mundial es de 2-1.
Los policías brasileños han matado en los últimos cinco años a unas 11.100 personas, más que los agentes en EEUU en 30 años.
En Honduras fueron calcinados 534 presos en tres incendios “accidentales” y en México policías participaron en la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, lo que explica que una de las primeras medidas anunciadas por el presidente mexicano Enrique Peña Nieto en respuesta a esa atrocidad haya sido la disolución de los 1.300 cuerpos policiales municipales del país, los más infiltrados por el crimen organizado.
Según Joaquín Villalobos, ex dirigente de la insurgencia salvadoreña y hoy consultor en seguridad y resolución de conflictos, no es posible hacer frente a la actual violencia criminal sin transformar los cuerpos de seguridad y aumentar su pie de fuerza.
Nicaragua, señala, tiene una justicia tan mala como sus prisiones y, sin embargo, es un país seguro, lo que indica que la clave está en la policía y los valores cívicos.
En Monterrey (Nuevo León), por ejemplo, se instalaron cámaras urbanas, se organizaron sistemas de denuncia telefónica y se creó una base de inteligencia muy sofisticada, pero la actividad criminal siguió creciendo.
La situación solo mejoró cuando se desplegó un nuevo cuerpo policial, la llamada Fuerza Civil, que ha reducido la criminalidad en Nuevo León a los niveles que tenía antes de la guerra contra los narcos lanzada por el ex presidente Felipe Calderón.
En el que ha sido hasta ahora el proyecto más exitoso de control de la violencia en México, las autoridades del estado trabajaron codo a codo con grandes empresas que tienen su sede en Nuevo León –entre ellas Cemex yFemsa– y el Instituto Tecnológico de Monterrey– para diseñar la Fuerza Civil, ofreciendo a sus agentes mejores salarios y condiciones de trabajo.
Los ex policías fueron descartados como posibles postulantes. Aunque los costes de la creación del cuerpo han sido elevados, mucho más caro habría sido no crearla.
Colombia es un ejemplo ilustrativo del éxito que conlleva una mayor eficacia policial. En 2002 Colombia invirtió en seguridad y defensa el equivalente a 5,38% de su PIB, en 2004 el 6,02% y en 2014 el 3,4%. La media regional es del 1%.
El resultado está a la vista: la tasa de crecimiento pasó de 1,7% en 2001 al 6,9% en 2007, 6,6% en 2011 y 4,3% en 2013. En 2007 Colombia recibió 600.000 turistas y hoy recibe casi cuatro millones.
Como subraya Villalobos, la seguridad no es gasto, sino inversión que garantiza el crecimiento y el reconocimiento social de los ciudadanos.
Fuente: www.infolatam.com
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