- Utilización de sociedades offshore es práctica recurrente en el mundo empresarial
- Los grupos económicos chilenos van de tour por los paraísos fiscales
El Servicio de Impuestos Internos tiene en la mira la utilización que hacen las grandes empresas de sociedades instaladas en paraísos fiscales, que permiten esconder información y evitar el pago de impuestos. Pese a que se trata de una práctica legal –y que los empresarios defienden–, la OCDE lanzó una ofensiva para transparentar estas inversiones a través de un convenio internacional que Chile debe ratificar en los próximos meses.
Ya han pasado más de dos meses desde que la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) aplicara la primera tanda de millonarias multas a los implicados en el Caso Cascadas, sumando un total de 164 millones de dólares, de los cuales el controlador de las cascadas y dueño de Soquimich (SQM), Julio Ponce Lerou, deberá pagar un alto porcentaje: casi US$ 70 millones.
Pero en la práctica el cobro de esta multa podría no ser tan sencillo. ¿La razón? La estructura societaria con que Ponce Lerou controla a SQM en el extranjero. Esta permite que el empresario no sea el dueño de las acciones de SQM, sino que estén en manos de un trust, con domicilio en Islas Vírgenes Británicas, popular paraíso fiscal.
En términos simples, un trust es una entidad a través de la cual se encarga a un tercero para que administre los bienes que lo conforman en nombre de ciertos beneficiarios, lo que implica que el patrimonio deja de pertenecer al antiguo controlador y pasa a ser administrado por un ente ajeno que cumple las instrucciones estipuladas al momento de constituirse, en este caso, The Pacific Trust.
De esta forma, la estructura societaria de Ponce Lerou informada en diciembre de 2003 por representantes de sociedades ligadas al empresario a la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) –organismo similar a la Superintendencia de Valores y Seguros– implica que la fuente principal de su fortuna no sea él.
En Chile, es una práctica muy común entre las grandes empresas tener filiales o relacionadas en paraísos fiscales. Islas Vírgenes e Islas Caimán (ambas en Reino Unido) son los más populares, con 122 y 78 contribuyentes chilenos declarados a diciembre de 2012.
Según explica el abogado Héctor Álvarez, magíster en temas tributarios y ex gerente de empresas, “las Islas Caimán, son especialistas en cuentas de CEOs y sociedades pantalla. Impuestos cero. Los consejeros de las compañías allí registradas no necesitan ser residentes y sus cuentas no pueden ser auditadas. Acogen a 544 bancos con unos 420 mil millones de dólares en depósitos, y tienen registradas más de 30 mil empresas.
El depósito bancario mínimo exigido ronda los 10 mil dólares americanos y, cinco veces más, si está denominado en otro tipo de divisa. Para constituir un fondo en fideicomiso que valga la pena se requieren 250 mil dólares americanos. Las Islas Caimán son la sede del 80% de los hedge funds (fondos de inversión que se caracterizan por disponer de un alto grado de libertad en la gestión de su patrimonio). Las “leyes” de la Islas Caimán impiden a estas firmas cualquier operación dentro de su territorio, excepto, claro está, acumular activos y beneficios sin etiqueta”.
“La reforma tributaria avanza en tener mayor información pero no lo suficiente. Si bien se establece que ahora las empresas, al invertir sus utilidades en el extranjero, deben informar al Servicio de Impuestos Internos, lo cual es un avance respecto a la situación actual, esto no es suficiente para impedir que se desvíen utilidades a paraísos tributarios con el objeto de no pagar los impuestos que corresponden en Chile. Los países desarrollados (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Canadá) tienen normas más estrictas para impedirlo, las que son conocidas como CFC”.
En total, y según datos entregados por el Servicio de Impuestos Internos (SII), la inversión acumulada de 306 contribuyentes nacionales en paraísos fiscales al 31 de diciembre de 2013 asciende a más de 5 mil millones de pesos ($ 5.211.855.000).
Sobre esta cifra, el presidente de la Asociación de Fiscalizadores del SII, Juan Apablaza, aclara que “no necesariamente refleja todo el dinero que puede estar en paraísos fiscales.Una cosa es lo que un contribuyente pueda declarar y otra cosa es la información que no tenemos en el Servicio de Impuestos Internos de dineros que se van a Paraísos Fiscales y no están declarados ya sea directamente, o vía triangulaciones desde un país que no es paraíso fiscal a otro que si lo es”.
Legalmente, los paraísos fiscales son utilizados para obtener ventajas tributarias, así como para comprar y vender firmas en el extranjero e invertir en el exterior. Su lado más oscuro está asociado a la opacidad que los rodea, que abre la puerta a la posibilidad de esconder recursos obtenidos a través de actividades ilícitas, así como a la falta de transparencia en torno a las sociedades instalas allí, lo que según Apablaza, lleva a “la no entrega de información sobre estas sociedades al país de origen o a que, al haberla, es poco fidedigna o incompleta, no se puede determinar una base imponible que dé cuenta del cobro de un impuesto”.
En opinión de Apablaza, con la existencia de sociedades en paraísos fiscales “se ve súper perjudicado el fisco. Por ejemplo, cuando hay una sociedad en Chile, como el Caso Cascadas, si tú haces inversiones en un paraíso fiscal, creas una sociedad ahí, se pueden generar pérdidas, que después son reconocidas en Chile, pero un paraíso fiscal es un país que no tiene información fidedigna, porque ellos lo que hacen es no enviar información, ni tampoco tienen obligación de llevar contabilidad, ni llevar registros de cuánto dinero ingresa”. Además, agrega, “hay poca fluidez de información, porque capitalizan dinero pero no entregan información, y la información que podría derivar de esos países no es tan fidedigna como la de un país que no es paraíso fiscal”.
El SII ha asumido una pelea frontal contra la utilización de sociedades en paraísos tributarios. De hecho, el año pasado logró que la Corte Suprema se pronunciara a su favor en un litigio que sostenía con Coca-Cola Embonor, la que utilizó una filial en Islas Caimán para presentar pérdidas en Chile, influyendo así en el informe consolidado de la firma, lo que a la larga le permitió obtener una mayor devolución de impuestos.
Ese fallo de la Suprema le permite al SII sumar argumentos en contra de las llamadas cuentas offshore en paraísos fiscales, por la opacidad bajo la que operan y por la permanente sospecha internacional que se ha levantado en torno a ellas, fundamentalmente por haber servido para evitar el pago de tributos a los Estados nacionales.
LUKSIC ENTRE LAS CAIMÁN Y LIECHTENSTEIN
Las familias empresarias más poderosas del país han hecho de los paraísos tributarios un lugar recurrente donde establecen sociedades de inversión, asegurando que esto les facilita la expansión de sus negocios a lo largo y ancho del globo. Tanto los Luksic, como los Matte y los Angelini –los tres grupos cuyas sociedades analizó El Mostrador–, aseguran que sus inversiones en el extranjero son transparentes, que dan cuenta de ellas en sus memorias anuales y que en ningún caso han pretendido burlar el pago de impuestos en Chile.
Los Luksic eligieron el principado de Liechtenstein –pequeño país soberano de Europa, sin salida al mar, con apenas 36 mil habitantes, bajo el mando de una monarquía constitucional y famoso por ser un paraíso fiscal– como su centro de operaciones en el extranjero. Solo allí registran seis sociedades, incluidas las controladoras de Antofagasta PLC, el holding minero del grupo que tiene a su cargo la Minera Los Pelambres, El Tesoro, Michilla y Esperanza, además de Aguas Antofagasta y Antofagasta Railway Company. En 2013, según las memorias de Antofagasta PLC, ésta obtuvo utilidades netas por US$659,6 millones.
Tiene sede en Liechtenstein la Foundation E. Abaroa –con domicilio legal en Heiligkreuz 6, Vaduz 9490, capital del principado–, que controla Metalinvest Establishment y Kupferberg, dos sociedades que también registran domicilio en el paraíso fiscal y que suman más del 60% de las acciones de Antofagasta PLC. Otra sociedad perteneciente a la familia es Aureberg, propiedad de Jean Paul Luksic y que posee el 3,54% del holding minero.
Pero no son las únicas sociedades que los Luksic instalaron allí. Lisena Establishment y Merquor Establishment son parte del holding Quiñenco, el otro gran grupo de compañías de la familia que tiene a su cargo firmas como Banco de Chile, CCU, Enex y la CSAV. Ambas registran domicilio en Liechtenstein, y en su objeto social se asegura que son una “Sociedad de Inversiones” y que “no ejerce actividad comercial”.
En el pequeño principado también aparece registrada Southern Breweries Establishment, con un capital suscrito y pagado de US$8.428.000, cuya presencia se evidencia en la memoria 2013 de CCU, mismo documento donde se establece que el objeto social de la firma es “la inversión y administración de los activos de la sociedad y sólo dentro de este ámbito especialmente la adquisición, administración y disposición de los bienes raíces, valores negociables, participaciones y derechos, así como la conducción de todos los negocios relacionados con este objeto. No se dedica al comercio en un sentido estrictamente mercantil. Esta filial desarrolla actividades de inversión de carácter financiero”.
Según información publicada por La Segunda el 2013, los Luksic también utilizan Liechtenstein para manejar su negocio hotelero en Croacia, a través de la sociedad Sutivan Investments Establishment, con la que controlan Laguna Porec, la segunda cadena más grande de Croacia.
Claro que los dueños de uno de los mayores patrimonios nacionales no se limitan a registrar sociedades en Liechtenstein, otro buen número de compañías asociadas a ellos aparecen en las Islas Caimán, territorio británico de ultramar, ubicado entre Cuba y Honduras, que es reconocido como uno de los paraísos tributarios más utilizados.
Con un capital social de US$88.970.504, CCU Investments Limited, registra domicilio en las Caimán y, según su objeto social, puede dedicarse allí a casi cualquier cosa. “El objeto de la sociedad es amplio y puede dedicarse a cualquier giro y realizar cualquier actividad, salvo limitación o prohibición establecida en la Ley de Sociedades de Islas Caimán”, según se lee en las memorias de CCU.
El holding Quiñenco también registra CCU Cayman Limited, Saint Joseph Investments Limited, South Investments Limited, e Hidroindustriales Overseas Company, las que en suma consignan un capital suscrito y pagado de más de 18 millones de dólares. Los objetos sociales de todas estas sociedades son amplios, aunque en general giran en torno a las actividades de inversión que pueden llevar adelante en las Caimán.
Las ganancias de Quiñenco, el brazo inversor del grupo, llegaron a un total de 124.841 millones de pesos en el año 2013, según las memorias de la compañía.
Respecto de las sociedades de Quiñenco mencionadas por El Mostrador, la gerenta de Asuntos Corporativos de la empresa, Carolina García de la Huerta, explicó que se trata de “sociedades que se formaron en momentos específicos como vehículos de inversión en el extranjero, que no registran actividades en los últimos años y, por lo mismo, algunas están en proceso de cierre. La existencia de dichas sociedades es algo completamente público, están consignadas en las memorias de la compañía y han sido debidamente auditadas”.
TOUR EMPRESARIAL POR EL PARAÍSO
En el caso de los Matte –dueños de la CMPC (papelera), Colbún, Banco Bice, la Sociedad de Instrucción Primaria, además de numerosas forestales, inmobiliarias y agrícolas–, distribuyen su presencia en paraísos fiscales entre las Islas Caimán, las Islas Vírgenes Británicas y Guernsey –territorio dependiente de la corona británica, ubicado en el Canal de la Mancha, al oeste de las costas de Normandía, Francia–, registrando un total de nueve sociedades, ligadas a sus distintas ramas de negocios.
Relacionadas a la CMPC –firma detrás de marcas como Forestal Mininco, Elite, Confort, Nova, Ladysoft, Babysec, Noble, Equalit, entre otras–, aparecen en las Islas Caimán Tissue Cayman Ltd. y Propa Cayman Ltd., registradas ambas el 9 de septiembre de 1999. La primera registra un patrimonio de US$174 millones y el 2013 logró utilidades por US$22 millones, mientras que Propa posee un patrimonio de US$25 millones y el año pasado alcanzó US$3,5 millones. Ambas sociedades coinciden en su objeto social: “Realización de toda clase de inversiones mercantiles, financieras y en particular, su participación como accionista en cualquier tipo de sociedad”, y también comparten dos de sus directores: Luis Llanos Collado y Rafael Cox Montt.
Dos años antes de que se fundaran Tissue y Propa, el grupo creó Inversiones CMPC Cayman Ltd. el 21 de noviembre de 1997, la que hoy en día ostenta un patrimonio de US$496 millones, a pesar de los US$24 mil de pérdida que registró el año pasado. La propiedad de la sociedad le pertenece en un 100% a la CMPC y su gerente es Fernando Hasenberg Larios. La firma cuenta con tres directores: Luis Llanos Collado, Jorge Araya Díaz y Rafael Cox Montt. Al igual que varias de sus similares, su objeto social apunta a las inversiones: “Realización de toda clase de inversiones mercantiles, financieras y en particular, su participación como accionista en cualquier tipo de sociedad”.
La cuarta sociedad de la CMPC en paraísos es CMPC Investments Ltd., con domicilio en Guernsey y un patrimonio de US$54 millones; fundada en 1991, su objeto es: “Actividades financieras de inversión del holding y subsidiarias”.
A diferencia de la opción de la CMPC, las sociedades filiales del Banco Bice registran domicilio en las Islas Vírgenes Británicas. Allí el grupo cuenta con tres compañías: Bicecorp Investments Ltd., T & A Trading Services Ltd. y BAM Asset Management Ltd. Esta última logró el 2013 un patrimonio de $357 millones.
Colbún tiene asociada una filial en las Islas Caimán: Colbún International Limited, constituida el 3 de julio del 2001 en George Town, Grand Caimán, cuenta con un patrimonio de US$510 millones y su representante es Bernardo Larraín Matte, presidente del directorio de Colbún.
Los Matte controlan indirectamente a Entel–-a través de El Almendral, que posee el 32,07% de la compañía, sociedad de la que tienen el 54,7% de las acciones–. El grupo controlador lo componen otros connotados empresarios, entre los que se cuentan Fernández León y Hurtado Vicuña. En las Islas Vírgenes Británicas Entel cuenta con una filial: ENTEL International BVI Corp. y filial, de cuya existencia no hay más información en las memorias del grupo y tampoco en los registros internacionales de sociedades offshore.
Según Gonzalo García, secretario general de la CMPC, la compañía “estableció su primera subsidiaria en Islas Caimán a finales de la década de los 80 junto con el inicio del proceso de internacionalización de sus operaciones. La creación de estas han sido vehículos para canalizar inversiones en subsidiarias operativas de CMPC en otros países de Latinoamérica. Ello se ve claramente en nuestra malla societaria y cómo esta ha evolucionado en el tiempo”, asegura.
El directivo agrega que las sociedades en paraísos fiscales con que cuenta el grupo cumplen con todas las reglas de transparencia internacional: “Para empresas como CMPC, que están sometidas a criterios de transparencia y escrutinio interno y externo, la conveniencia de vehículos en jurisdicciones como Islas Caimán radica en dar flexibilidad en el movimiento de capital y evitar dobles tributaciones en terceras jurisdicciones. Este criterio cumple con las directrices de la OCDE respecto de transparencia e intercambio de información financiera y tributaria”.
De los tres grupos económicos indagados por El Mostrador, los Angelini son los que registran menos presencia en paraísos tributarios, al menos según consta en la información pública aparecida en sus memorias.
Aun así, aparecen cinco sociedades ligadas a la familia controladora de Empresas Copec, la mayoría de ellas en Panamá, país que ha mejorado la transparencia de sus registros, aunque aún muchos Estados lo consideran un paraíso fiscal.
Copec Canal Inc. fue registrada el 20 de enero de 1988 con domicilio en Aquilino de la Guardia 81, Ciudad de Panamá. En la actualidad cuenta con un patrimonio de más de US$11 millones, y el 2013 alcanzó una utilidad de US$5 millones. 20 años después de crear esta sociedad en Panamá, el grupo constituyó Copec Investments Ltd. en Islas Caimán, el 25 de febrero el 2008. A diferencia de su par panameña –que se ocupa de la “compra, venta, explotación, refinación y transporte de productos combustibles”–, la compañía domiciliada en las Caimán se dedica a las inversiones. Su patrimonio llega a los US$84 millones, y la utilidad 2013 fue de más de US$10 millones.
Además, en Panamá el grupo cuenta con Forestal Concepción S.A., EC Investrade Inc, y Nutrition Trade Corp y Filiales. En esta última, ligada a los negocios pesqueros del grupo, aparece como director Felipe Zaldívar Prado, sobrino del senador DC Andrés Zaldívar, vínculo por el cual, durante la tramitación de la Ley de Pesca, algunos sin éxito solicitaron, sin éxito, que el falangista se inhabilitara de votar.
Desde Empresas Copec aseguraron que la utilización de los paraísos fiscales “no es parte de nuestra política”. Por ello, afirman que en los próximos años debieran cerrarse todas sus filiales en paraísos: “Copec nunca ha usufructuado de los paraísos fiscales, este Copec Investments existe porque cuando Copec adquirió parte de la propiedad de Terpel en Colombia, el dueño al que le compró es un fondo norteamericano que tenía dos paquetes accionarios correspondientes a dos sociedades que tenían domicilio en Islas Caimán, y por ende, así se hizo de esas sociedades, que al fusionarse vieron nacer Copec Investments. Esa sociedad debiera desaparecer porque la política de Copec es acercar todas sus inversiones a Chile, y no hacer uso de los paraísos fiscales”, aseguran.
Con Panamá, aseveran, es la misma historia: “Ahí estaban las sociedades propietarias de Inversiones Nordeste, que es la matriz de la empresa de gas licuado GDP de Colombia, de la que Empresas Copec, a través de su filial Abastible, es partícipe”.
UNA LUZ A LA OPACIDAD
La mirada en torno a la existencia de filiales y sociedades en paraísos fiscales es amplia. Para un experto en temas tributarios y cercano al SII, “los paraísos fiscales tienen mala fama: si tienes algo ahí eres malo. Y existe consenso público de eso. Lo cual no tiene ninguna lógica pero es la opinión colectiva (…) .Los paraísos fiscales son neutros y si tienen un problema no era que no pagaran impuestos, sino que todo era secreto, lo que ha ido variando”.
La misma fuente explica que “las empresas grandes no se meten en paraísos fiscales salvo que sea por necesidad del negocio o que un socio comercial se lo pida. Hace 15 años era la única alternativa –antes de que se generaran normas de doble tributación–, si no los impuestos te comían. Por eso hay reestructuras muy antiguas hechas así, como las que vienen de los años 70, en que muchos por miedo sacaron la plata de Chile y se organizaron en paraíso fiscal. Hoy están casados con esas estructuras, porque salirse es carísimo”.
Una opinión muy distinta a la del experto tributario Héctor Álvarez, que asegura que “los paraísos fiscales constituyeron un entorno especialmente diseñado para depositar, guardar, invertir o recuperar el botín mal ganado o evadido por los CEOs, dictadores, narcotraficantes, traficantes de órganos, etc.
Luego, dado que gozan de un servicio sofisticado de asesorías, bufetes fiscales, empresas auditoras y, por supuesto, de sucursales de la banca legal especializadas en este tipo de operaciones, su entorno incorporó paulatinamente a cada vez más empresas, que constituyen sociedades, fundaciones, trusts o fideicomisos con domicilio fiscal en uno de esos territorios y proceden a desplazar allí su dinero o activos financieros.
La mayor parte de la evasión la llevan a cabo las empresas mediante variadas técnicas basadas en el sistema de precios de transferencia para aflorar ganancias en paraísos fiscales y pérdidas en el país de origen. La empresa vende, a precios trucados a la baja, a un intermediario (con lo cual los beneficios de esta operación son bajos o nulos). Luego el intermediario (una filial en un paraíso fiscal) vende a precio normal, embolsándose los beneficios que tributarán al 0.01%. Operaciones parecidas ocurren cuando las compañías atribuyen la mayor parte de sus ganancias a sus subsidiarias de servicios en paraísos fiscales”.
Por su parte, el economista Claudio Agostini señala que “es cierto que los paraísos tributarios permiten esconder ingresos porque se limita mucho el acceso a la información. Muchos países tienen convenios entre sus servicios de impuestos internos para compartir información, pero los países que son paraísos fiscales no son parte de esos convenios y no comparten información. El resultado es que el SII no tiene cómo fiscalizar qué se hace con la plata en un paraíso fiscal y en muchos casos esa plata nunca paga impuestos y se evade”.
En el mediano plazo, la opacidad en torno a sociedades offshore en paraísos fiscales, podría cambiar y empezar a transparentarse de la mano de dos nuevas normas, una de ellas contemplada en la Reforma Tributaria.
En simple, la nueva norma CFC (Controlled Foreign Companies) obligará a que las filiales de empresas nacionales que operen en el extranjero, y que obtengan utilidades, deban pagar tributo en Chile, bajo ciertas condiciones. A diferencia de lo que ocurre en la actualidad, donde si los dineros no ingresan al país, no deben pagar impuestos.
Agostini explica que “la reforma tributaria avanza en tener mayor información pero no lo suficiente. Si bien se establece que ahora las empresas al invertir sus utilidades en el extranjero deben informar al Servicio de Impuestos Internos, lo cual es un avance respecto a la situación actual, esto no es suficiente para impedir que se desvíen utilidades a paraísos tributarios con el objeto de no pagar los impuestos que corresponden en Chile. Los países desarrollados (por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda, Finlandia, Dinamarca, Alemania, Canadá) tienen normas más estrictas para impedirlo, las que son conocidas como CFC”.
El economista detalla que “estas normas establecen, en general, dos tipos de restricciones, con el objeto de permitir que solo inversiones activas en el exterior sean consideradas inversión o reinversión de utilidades para efectos tributarios (…). En Chile lo que se aprobó como norma CFC es solo que se debe informar anualmente cuando se invierte en un paraíso tributario. Eso es muy distinto a pagar todos los impuestos en Chile y luego invertir afuera.
El SII va a tener más información que antes, pero no va a poder fiscalizar nunca las inversiones que una filial en un paraíso tributario hace en otras empresas en el extranjero y a su vez esas empresas en otras empresas. Por eso es que los países desarrollados han optado por exigir el pago de todos los impuestos cuando la inversión en el extranjero es pasiva o cuando se invierte en paraísos tributarios. Yo creo que ese es el camino a seguir y no es lo que se aprobó en esta reforma tributaria”.
La segunda norma que apunta a transparentar la situación actual es la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, firmada por Chile en octubre de 2013.
Según explican desde el SII, este convenio –que actualmente cuenta con más de 60 países signatarios y que fue desarrollado por la OCDE– tiene como fin facilitar el intercambio de información tributaria entre los países miembros, ya que “permite diversas formas de cooperación entre las autoridades tributarias de los países partes, incluyendo el intercambio automático de información”.
Y se agrega respecto a lo mismo: “Esta Convención ha adquirido creciente importancia como consecuencia del llamado efectuado por los países del G20 de adoptar el intercambio automático de información financiera como el nuevo estándar internacional en materia de cooperación entre autoridades fiscales; el consiguiente desarrollo por parte de OCDE y del G20 del Estándar para el Intercambio Automático de Información sobre Cuentas Financieras, y la recomendación emitida por OCDE para la rápida implementación del nuevo estándar.
Al ser un tratado multilateral, la Convención facilita el desarrollo de la cooperación entre autoridades fiscales y la implementación del nuevo estándar, ya que permite a los países en los que la Convención haya entrado en vigor realizar intercambios bilaterales de información, sin necesidad de negociar tratados con cada país de forma separada”.
De esta forma, el SII podría acceder a información de sociedades de contribuyentes chilenos instaladas en paraísos fiscales como Islas Caimán, Islas Vírgenes de Reino Unido o Liechtenstein, entre otros.
Para que la Convención Multilateral entre en vigencia, debe ser aprobada por el Congreso y ratificada por el Presidente de la República. Desde la institución liderada por Michael Jorratt, señalan que Michelle Bachelet sometería la Convención a la consideración del Congreso “a la brevedad”.
Fuente: www.elmostrador.cl
Imagen. www.elciudadano.cl
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