¿Por qué son tan caros los medicamentos en Chile?

10 06 2013

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MILES DE CHILENOS toman una pastilla diaria de Allegra para tratar las alergias crónicas. Pregunté el precio de este medicamento en tres farmacias de Santiago, una Salcobrand, una Ahumada y una Cruz Verde. Los tres precios eran parecidos, en torno a 750 pesos la pastilla, lo que significa un desembolso anual de 270 mil pesos para quienes dependen de este medicamento para mantener a raya los estornudos y los ojos irritados.

Ingresé a la web y consulté el precio del Allegra en tres de las principales cadenas farmacéuticas de los Estados Unidos. El precio era un tercio del precio en Chile. Además, en Estados Unidos venden un remedio genérico, cuya equivalencia con el Allegra ha sido establecida, que es aún más barato: 125 pesos la pastilla. Las farmacias santiaguinas donde consulté no tenían alternativas equivalentes al Allegra. Es decir, el costo de mantener las alergias bajo control en Chile es seis veces mayor que en los Estados Unidos: 270 mil, versus 45 mil pesos anuales. Una diferencia que excede lo que ganan en un mes quienes viven con el salario mínimo.

Los datos anteriores ilustran un problema general. El costo de los medicamentos en Chile es escandalosamente alto. Esto afecta el bolsillo de todos los chilenos, en el caso de los sectores más pobres la situación es especialmente dramática e injusta. ¿Por qué pagamos tanto más que en otros países?

Falta competencia

Un problema central es la falta de competencia. Las farmacias y los laboratorios compiten poco. Sabemos que en más de una ocasión las cadenas de farmacias se han coludido para subir precios y abusar de sus clientes. Sabemos también que aun en épocas donde no hay evidencia de colusión, los laboratorios y las farmacias tienen una serie de prácticas que limitan la competencia.

Un paso importante para aumentar la competencia es permitir el ingreso de nuevos  actores. Por ejemplo, que los supermercados y almacenes puedan vender remedios que no necesitan receta, como propone la legislación que se tramita actualmente. Con esto se termina el poder monopólico que tienen las farmacias, al menos en la venta de estos remedios.

Permitir que los remedios se vendan en almacenes y supermercados beneficiaría especialmente a quienes no viven en las grandes ciudades. Por ejemplo, Alto del Carmen está entre los pueblos de la Tercera Región que no tienen una farmacia. Cuando sus habitantes requieren un remedio tan simple como una aspirina o un antiácido, deben viajar largo trecho para comprarlo, ya que el almacén del pueblo tiene prohibido venderlos. Lo mismo sucede con decenas de pueblos a lo largo de todo Chile. Casi un tercio de las comunas del país no cuenta con farmacias. Además de pagar precios escandalosamente altos, quienes viven en estas comunas deben incurrir en el costo adicional de largos viajes para comprar sus remedios.

El principal argumento de quienes se oponen a la venta de remedios sin receta fuera de las farmacias es que promovería la automedicación. Curioso argumento cuando quien nos atiende cuando compramos un paracetamol en una farmacia se limita a entregarnos el medicamento solicitado. Las iniciativas más recurrentes de los dependientes de farmacias cuando realizamos estas compras apuntan a que compremos las opciones más caras, no a que evitemos automedicarnos.

Una segunda medida para aumentar la competencia es que la autoridad sanitaria permita que un mayor número de remedios sea vendido sin receta. En los Estados Unidos el Allegra antes mencionado dejó de venderse con receta sólo hace un par de años, su precio cayó de manera importante luego de este cambio.

Facilitando la bioequivalencia

Una tercera medida que aumenta la competencia es facilitar la venta de remedios bioequivalentes, es decir, remedios con las mismas propiedades terapéuticas que los originales, pero de otra marca. Los fármacos originales cuentan con un largo período durante el cual se les protege de la competencia, para incentivar el desarrollo de nuevos fármacos. Sin embargo, una vez que concluye dicho período, es clave facilitar la venta de alternativas bioequivalentes.

El proyecto de ley que se tramita en el Congreso se hace cargo de este desafío. Entre las iniciativas que contempla está que las recetas médicas deban incluir las opciones bioequivalentes y que las farmacias estén obligadas a mantenerlas en su inventario. Nada de esto ha sucedido de manera voluntaria, por lo cual la obligatoriedad se justifica plenamente.

Quienes se benefician con la situación actual promueven todo tipo de trabas para encarecer el proceso mediante el cual se establece la bioequivalencia. Una solución sencilla a esta situación es tener dos tipos de bioequivalencia, la bioequivalencia-ISP y la bioequi- valencia-Ocde. Los fármacos que tienen la certificación del Instituto de Salud Pública serán bioequivalentes-ISP y deberán incurrir en los altos costos que conlleva dicha certificación. Son 144 los medicamentos que cuentan con esta certificación en la actualidad. En cambio, los fármacos cuya bioequivalencia ha sido establecida en al menos cinco países de la Ocde, contarán automáticamente con los bioequivalentes-Ocde. Dicha certificación no tendrá costo alguno.

¿Por qué es tan difícil avanzar?

“Lo que está en juego son miles de millones de pesos, entonces, es natural que traten de influir”, afirmó recientemente el ministro Mañalich, reclamando por las presiones ejercidas por diversos grupos de interés para retrasar la tramitación la Ley de Fármacos en el Congreso. La alta presencia de lo que eufemísticamente se describió como “asesores externos”, obligó recientemente a las comisiones de Cámara de Diputados que analizan el proyecto a sesionar sin público en la sala.

Mientras no regulemos el lobby, va a ser muy difícil avanzar en temas como este, donde hay un pequeño número de empresas interesadas en financiar iniciativas millonarias para convencer a los legisladores de sus puntos de vista. Las ganancias extraordinarias que han recibido por largo tiempo proveen los fondos necesarios, la reducción de dichas ganancias si se aprueba la ley los incentiva para actuar.

La ausencia de un registro de lobbistas ni siquiera nos permite saber quién financiaba a los asesores externos presentes en la sala mientras los parlamentarios votaban la Ley de Fármacos. ¿Los laboratorios? ¿Las cadenas de farmacias? ¿Los químico-farmacéuticos? El débil proyecto de ley que promueve el actual gobierno para regular el lobby no resuelve este problema, precisamente, porque no incluye un registro de lobbistas.

El problema, sin embargo, es más grave aún. Mientras no transparentemos el financiamiento de la política, no podemos descartar que lo que ahora sabemos sucedió a propósito de la Ley de Pesca, también esté sucediendo con la Ley de Fármacos. Que a cambio de triangulaciones de dinero que permiten financiar campañas electorales u otros gastos, existan parlamentarios que están favoreciendo los intereses de las farmacéuticas, indiferentes a los altos precios por medicamentos que pagan sus electores.

http://blog.latercera.com/blog/eengel/entry/por_qu%C3%A9_son_tan_caros





Chile: Consumo y pobreza se entrecruzan en el país de la desigualdad invisible

13 08 2012

Milagro ficticio

Es viernes por la mañana y Carlos, ejecutivo de una empresa inmobiliaria de la capital chilena, se levanta sabiendo que, como en toda víspera de fin de semana, trabajará hasta más temprano y luego partirá a la costa del océano Pacífico junto a su esposa y sus tres hijas.

Escrito por: Marianela Jarroud

a misma hora y al otro lado de Santiago, Pablo, tercero de cuatro hijos de una familia campesina ahora afincada en esta ciudad, está desde el amanecer en faenas de carga y descarga de reses en un frigorífico en el que debe cumplir nueve e inamovibles horas diarias.

Carlos gana en promedio el equivalente a 6.000 dólares por mes, casi 17 veces más que el salario mínimo que percibe Pablo, igual a 364 dólares.

Ambos son ciudadanos de Chile, un país sudamericano que lleva décadas declarado como el “milagro latinoamericano” por la pujanza de su economía y la reducción de la pobreza, pero donde la brecha entre ricos y pobres sigue siendo una de las más amplias de América Latina, que, a su vez, es la región más desigual del mundo.

Eso explica por qué el gobierno de Sebastián Piñera celebró las cifras de ingresos de ricos y pobres, publicadas el 24 de julio en la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen).

Los datos sostienen que la diferencia entre lo que perciben los sectores más ricos y más pobres cayó de 46 veces en 2009 a 35 veces en 2011. Si a eso se agregan las ayudas estatales, como bonos y subsidios para los más vulnerables, “esta desigualdad se achica: en 2009 era 25 veces la diferencia, y en 2011 se redujo a 22 veces”, dijo el mandatario.

Así como el dinero está lejos de ser la respuesta única al bienestar humano, la diferencia de salarios no alcanza para explicar la desigualdad.

Carlos vive en una casa amplia de cinco dormitorios y tres baños en la acomodada comuna de Las Condes, al oriente de Santiago.

Pablo habita una pequeña vivienda en la comuna de Lo Prado, al poniente de la capital. En dos ambientes construidos y otros dos prefabricados con madera y algunos materiales aislantes se apiñan él, su madre, una hermana menor, su pareja y sus dos hijos, de uno y cuatro años de edad.

En estos días del invierno austral, la familia se calienta con braseros improvisados, la manera más económica de evitar el frío, pero también peligrosa por los frecuentes incendios que causa.

El producto interno bruto de Chile creció más de 20 por ciento entre 2006 y 2011; la pobreza afecta a 14,4 por ciento de sus 17 millones de habitantes y la indigencia a 2,8 por ciento, según la Casen, principal instrumento de medición para el diseño y evaluación de la política social del país.

Pero, a la alegría oficial, se oponen voces calificadas.

“La Casen ha perdido toda credibilidad respecto de la medición de la pobreza y la desigualdad. Es una encuesta que se maneja con parámetros que no se condicen con el Chile de hoy, por lo que es un ejercicio estadístico en base a ciertos supuestos que en realidad poco dicen de los niveles reales de pobreza y desigualdad que existen”, dice a IPS la economista Gloria Maira.

La línea de indigencia y de pobreza de la Casen se determina por el valor de la Canasta Básica de Alimentos, equivalente a unos 146 dólares, que determina una medición unidimensional, pues no contempla otras necesidades como salud, vivienda, educación o transporte. Además, el sistema de evaluación utiliza patrones de consumo de 1987, desfasados de la realidad actual.

Si se adoptaran los parámetros de hoy, la pobreza aumentaría considerablemente, un costo político que ningún gobierno quiere asumir. Un “sinceramiento” de esos parámetros dispararía las cifras de pobreza y desigualdad, agrega Maira.

“Estamos atrapados en los números y tenemos poca mirada en cuanto a calidad de vida”, señala a IPS el antropólogo Mauricio Rojas. Hay que considerar las posibilidades de la gente de vivir con dignidad, apunta.

Antes de llegar a su oficina, Carlos tiene tiempo de llevar a sus hijas al colegio privado, que cobra mensualidades de unos 500 dólares.

Como trabaja desde tan temprano, Pablo no puede darse el lujo de acompañar a sus hijos a la guardería, controlada por la gubernamental Junta Nacional de Jardines Infantiles, donde los niños y niñas permanecen desde las ocho de la mañana a las cuatro de la tarde y reciben leche, almuerzo y merienda gratuitos.

Semejante cobertura de enseñanza suena encomiable. Pero en la educación fragmentada en tres sistemas –uno público descentralizado, uno particular subsidiado y otro privado y pago– está enterrada una de las raíces de la desigualdad chilena.

La Constitución no consagra el derecho a la educación, y el sistema de enseñanza se rige por el principio de lucro. Además, ni siquiera las universidades públicas son gratuitas en este país.

“Donde se refleja la pobreza es en el acceso a la educación, la salud, la previsión, que deberían ser los roles esenciales del Estado”, explica Rojas.

Carlos es usuario de una institución de salud previsional, sistema privado creado en 1981 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Por el pago de una importante suma, él y su familia pueden acceder a las mejores clínicas y médicos.

Pablo, gracias a su trabajo, es usuario del estatal Fondo Nacional de Salud, que opera principalmente con hospitales y consultorios públicos, donde la atención es lenta y precaria.

Cuando toca ir al hospital, “es triste y humillante. Hay que esperar horas por la atención, incluso cuando se trata de uno de mis hijos, que son pequeños. Cuando por fin te atienden, apenas te explican qué le pasa a tu hijo, te tratan mal y te mandan para la casa. A los pocos días hay que volver porque tu hijo está peor. Es así todos los inviernos”, describe.

Su familia soporta la crisis sanitaria que, sobre todo en invierno, ataca a los más pobres. La gran contaminación atmosférica de Santiago, una urbe rodeada de montañas, se combina con el frío y genera una explosión de enfermedades respiratorias: 4.200 personas mueren por año a causa de la polución del aire santiaguino.

La sociedad de consumo no es capaz de satisfacer esas necesidades de las personas. Sin embargo, hay una tolerancia ciudadana hacia la desigualdad, describe Rojas.

En su opinión, “hay una sociedad de consumo que es exitosa, que da un cierto espejismo de integración social a través de los objetos, y que esconde los verdaderos derechos sociales que están restringidos”, afirmó.

A horas distintas, Carlos y Pablo terminan sus jornadas laborales. Al ponerse el sol, Pablo retorna a casa en el atestado transporte público Transantiago. Carlos ya disfruta de un vino tinto templado en la terraza de su apartamento con vista al mar. IPS

http://www.lr21.com.uy/comunidad/1053244-chile-consumo-y-pobreza-se-entrecruzan-en-el-pais-de-la-desigualdad-invisible





Salario mínimo en Bolivia creció 127 por ciento desde 2005

5 05 2012

La Paz, 30 abr (PL) La propuesta del gobierno de Evo Morales a la Central Obrera Boliviana de incrementar el salario mínimo nacional hasta mil bolivianos (145 dólares) significa un crecimiento de 127,2 por ciento respecto al 2005.

Antes del inicio del proceso de cambios que conduce el mandatario, la mensualidad mínima en el país era de 440 bolivianos y en la actualidad alcanza la cifra de 815,40, tras subidas sucesivas durante seis años.

La dirigencia de los trabajadores analizará de todas formas el planteamiento gubernamental en una reunión ampliada el próximo jueves.

El ministro de Economía, Luis Arce, señaló al programa El Pueblo es Noticia de la radio y televisión estatal que el aumento al salario mínimo y de hasta un ocho por ciento a la masa salarial está dentro de las posibilidades, pero un ajuste mayor desestabilizaría indicadores macroeconómicos (inflación y crecimiento) del país.

En un inicio el Gobierno propuso a la Central Obrera un incremento del 15 por ciento, pero fue rechazado, luego se planteó elevarlo a 18 por ciento y después hasta un 20 por ciento. La dirigencia de los trabajadores también las rehusó.

Con la nueva propuesta del jefe de Estado, el salario mínimo en Bolivia crecerá 22,6 por ciento respecto al año pasado (815,40 bolivianos) y 127 por ciento en relación a 2005, al pasar de 440 bolivianos a mil bolivianos.

Durante los últimos siete años el gobierno ha decretado alzas sucesivas, las cuales fueron destacadas por la Organización Internacional del Trabajo en un informe que ubicó a Bolivia entre los países con mejores credenciales en la región, con tasas de entre 11 y 17 por ciento, indicó Arce.

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=502165&Itemid=1





Reajuste al salario mínimo en Chile 2011: Cuando Suiza se olvidó de Angola

14 07 2011

g1

Este año el proceso de reajuste del salario mínimo alcanzó connotaciones históricas, ya que por primera vez no hubo acuerdo en la Cámara de Diputados y el Senado y se tuvo que recurrir a un veto presidencial para salvar el reajuste.

Lamentablemente para los trabajadores, el monto del reajuste no hizo historia. De $172 mil se pasó a $182 mil, o sea, $10 mil al mes o $330 al día. En términos reales esto significó un aumento de 2,4%, cifra que se sitúa levemente por arriba del promedio de la administración pasada (2,1%), pero por debajo del promedio de los últimos 20 años (3,5%). No se considera el reajuste real de 1990, que fue de 60%, ya que era imperioso aumentar el sueldo mínimo escandalosamente bajo que se había heredado de la dictadura.

Dando argumentos del lejano oeste para infundir temor entre los trabajadores sobre endeudados, el Gobierno se cuadró con su última oferta (igual que un empresario en un proceso de negociación colectiva) de $182 mil y argumentó a través de sus parlamentarios, ministros, empresarios y centros de estudio, que el reajuste ofrecido ya era bastante alto y pasar de este umbral podría traer consecuencias nefastas en el empleo, principalmente en la pequeña empresa, jóvenes y mujeres.

Lamentablemente, del otro lado (¿Concertación?, organización de trabajadores) no había la suficiente fuerza y preparación para hacer frente a este set de argumentos del terror que, tal como ha demostrado Fundación SOL en sus investigaciones, no tienen ningún asidero empírico contundente a nivel nacional ni internacional.

En general, sólo aumentos considerables del salario mínimo, en momentos de contracción económica “podrían” generar algún efecto en el empleo. Sin embargo, todos los años, los argumentos son los mismos, siendo que de 1990 a la fecha, la economía ha decrecido sólo 2 veces (1999 y 2009). Al parecer nunca es el momento para subir los salarios.

A pesar de que hace ya casi un quinquenio que el obispo Goic colocó el tema del salario ético de $250 mil, todavía no somos capaces de ponernos de acuerdo en esta materia. De hecho, los $182 mil sólo alcanzan para cubrir un poco más del 60% de la actual línea de pobreza familiar y sólo un 29% de un umbral de satisfacción mínimo de necesidades, que nos ayuda a recordar que una familia no sólo debe comer pan y tomar té, sino que debe vestirse, movilizarse, pagar las cuentas, la salud, la educación, tener una dieta equilibrada y para los más revolucionarios, también debe recrearse.

El país de los 15 mil dólares per cápita, donde un 5% de los hogares más rico presenta un ingreso por persona de $1,7 millones, viviendo mejor que las élites de Suiza, Noruega o Luxemburgo, no es capaz de ver que más de 1 millón de trabajadores que laboran todo el día y que ganan el mínimo, son pobres y deben con mucha impotencia decirles a sus familias que este mes, nuevamente, el presupuesto no alcanza.

La clase política, que también pertenece a esta elite, una vez más no logró generar un acuerdo nacional para establecer un plan de reajuste de mediano plazo, de tal forma que el salario mínimo cumpla el objetivo para el cual fue creado: un piso que permita satisfacer las necesidades básicas de un/a trabajador/a y su familia.

No sirvió la carta al director de La Tercera del empresario Roberto Fantuzzi, ni los comentarios de Benito Baranda en Radio Cooperativa que llamaban a retomar el debate por el sueldo ético. Los políticos simplemente no estuvieron a la altura y el Gobierno se aprovechó de la fragmentación y confusión observada en las organizaciones sindicales y del desorden de una Concertación moribunda, que más allá de algunos pataleos y declaraciones por la prensa, durante julio del 2010 y julio 2011 no fue capaz de articular una propuesta que permitiera un debate nacional y simplemente llegó placé.

cuando no hay fuerzas políticas que equilibren la balanza, se termina “imponiendo” la agenda de una elite que lamentablemente vive en otro mundo, acostumbrada a sueldos millonarios, que sustentan un conjunto de necesidades superfluas que se transforman en el freno que bloquea los aumentos salariales, ya que no quieren compartir su torta, no quieren perder sus derechos adquiridos a punta de malas prácticas, avaricia y una institucionalidad que funciona a su medida. No quieren soltar la teta como decía el empresario Felipe Lamarca y quieren delegar vía subsidios del Estado (Ingreso Ético Familiar) la responsabilidad que les compete.

Esa elite, compuesta empresarios y por políticos de todos los colores, que quieren ganar lo más posible en el menor tiempo, que está sorda y ciega, y mostrando al mundo una bonita fachada macroeconómica y escudándose en la utopía del chorreo, ha contribuido para que millones de chilenos vivan en peores condiciones de lo que se observa en varios países africanos.

Opinan que una persona que realiza el aseo en una oficina no es productiva e incluso el salario mínimo es muy alto para lo que producen. ¿Y es que acaso un/a trabajador/a que deja una empresa reluciente no le agrega valor a la empresa?, ¿Cómo miden la famosa productividad?

No es posible que una persona que trabaje en Chile sea pobre.Debemos recuperar la dignidad, el sentido y el valor del trabajo y no llenar a la gente de subsidios. Es el momento de empezar a cambiar la historia, ya que si se mantiene el reajuste promedio para el salario mínimo observado durante los últimos 10 años, sólo en 80 años más (en el año 2090) este permitirá cubrir la línea de la pobreza. ¿No era que los pobres no podían esperar?…

Por Marco Kremerman/ Investigador Fundación SOL

@lafundacionsol

Fuente: http://www.elquintopoder.cl/fdd/web/trabajo/opinion/-/blogs/reajuste-al-salario-minimo-el-dia-en-que-suiza-se-olvido-de-angola

Imagen: blog.latercera.com





“Hasta ahora tenemos un salario mínimo inmoral e inhumano”

9 08 2007

“Más que salario ético debe haber un salario justo”
La Nación, Jueves 9 de Agosto de 2007

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070808/pags/20070808222902.
html

“Lo único claro que revela esta discusión es que hasta ahora tenemos un sueldo mínimo que es inmoral e inhumano”, dijo el sindicalista.

SORAYA RODRÍGUEZ

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, dijo ayer que “más que hablar de un salario ético, lo que corresponde es exigir un salario justo”, ante el debate surgido luego del llamado del presidente de
la Conferencia Episcopal, Alejandro Goic, por mayor equidad en la distribución de la riqueza.

“Lo único claro que revela esta discusión es que hasta ahora tenemos un salario mínimo inmoral e inhumano”, dijo el sindicalista que se consideró cercano a la propuesta de Goic, “e incluso a la de (Pablo) Longueira”, afirmó.

Por el contrario, Martínez rechazó categóricamente la propuesta del inversionista Sebastián Piñera, quien planteó un “ingreso mínimo ético familiar” complementado con una “asignación antipobreza”, de cargo estatal, entre otras cosas, porque significaría que los propios trabajadores se pagarían ese incremento.

Existe en esta discusión una fina distinción entre salario mínimo e ingreso mínimo. El primero corresponde al llamado “sueldo base”, concepto acuñado internacionalmente para enfrentar la pobreza y con el que se pretende cubrir necesidades básicas de una familia, y el segundo es la remuneración compuesta que se fija en Chile con la suma de sueldo base, asignaciones y bonos (familiar, movilización, etc.)

El ingreso mínimo se fijó como medida durante la dictadura, a partir del Plan Laboral de 1979, impulsado por José Piñera, hermano del ex candidato presidencial de la derecha. Antes existía el “sueldo vital”.

En los últimos cinco años de la dictadura el ingreso mínimo se mantuvo en 18 mil pesos. Con la recuperación de la democracia se realizó la primera negociación tripartita para subir ese monto y el 1 de mayo de 1990, se anunció que quedaría en 26 mil pesos.

En esa primera negociación entre la CUT (liderada por Manuel Bustos y Martínez como vicepresidente), el entonces ministro de Hacienda, Alejandro Foxley, y el
de Trabajo, René Cortázar, se planteó la necesidad de fijar anualmente el ingreso mínimo sobre la base de un cálculo respecto del crecimiento, la productividad y un rango de equidad para mejorar el ítem.

En la negociación realizada este año, la CUT rechazó la propuesta del ministro Andrés Velasco que dejó el ingreso mínimo en 144 mil pesos, y la calificó como “ilegítima”.

“El salario mínimo propuesto para este año no tuvo discusión, se impuso sin acuerdo con los trabajadores y es totalmente ilegítimo”, sostuvo Martínez en la ocasión, agregando que era un “pésimo escenario, pero inevitable con la presencia de (Andrés) Velasco en el Gobierno”.

La idea de los sindicalista era negociar este año un ingreso mínimo que escalara, al menos, hasta los 180 mil pesos al término del Gobierno de Michelle Bachelet.

Ayer, en tanto, el ministro del Trabajo, Osvaldo Andrade, alertó que la distinción entre salario mínimo e ingreso mínimo no debiera existir y que ambos debieran ser iguales. LN

Copyright © 2005, Empresa Periodística La Nación S.A.








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