La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos divulgó hoy dos reportes sobre un controvertido programa de inmigración que busca deportar a extranjeros con antecedentes penales.

En el primer reporte se habló sobre si el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) comunicó de manera clara a las entidades locales y estatales el objetivo del programa Comunidades Seguras.

De acuerdo con el informe, no hay evidencia de que el ICE haya engañado intencionalmente al público y a las autoridades locales o estatales sobre el programa Comunidades Seguras.

Sin embargo, admitió que el Servicio de Inmigración no comunicó adecuadamente a las partes interesadas la intención del programa.

La Oficina del Inspector General emitió una serie de recomendaciones al ICE -que aceptó su implementación-, como la divulgación de guías y criterios sobre la intención del programa.

El segundo informe aborda la efectividad del programa, enfocado en la identificación adecuada de inmigrantes en las cárceles para su deportación.

Tras darse a conocer los reportes, el director del Foro Nacional de Inmigración, Ali Noorani, sostuvo que estos «confirman la sospecha sobre una pobre comunicación y débil transparencia».

Señaló que las preocupaciones principales del programa no se respondieron ni resolvieron, como la erosión de la confianza pública en la policía y la falta de garantías internas para evitar la discriminación.

Además, el gobierno impone Comunidades Seguras a las entidades estatales y locales que se oponen al programa, sin importar sus motivos, dijo Noorani.

La activista Sarahí Uribe, de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), dijo que los reportes inadvertidamente admiten que el ICE ha extralimitado el programa y ahora considera los delitos menores como su nueva prioridad.

Sunita Patel, del Centro para los Derechos Constitucionales (CCR), indicó que «la única solución adecuada es terminar Comunidades Seguras y cambiar las prioridades para reparar el daño causado».

De la misma manera, Sonia Lin, de la Clínica de Justicia en Inmigración de la Facultad de Leyes Benjamin N. Cardozo, en Nueva York, afirmó que «es indignante» el hecho de que el gobierno espere que público acepte los reportes como si fueran reformas.

La directora de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), Angélica Salas, dijo que Comunidades Seguras convierte a la policía en agentes de inmigración y fomenta la discriminación racial.

La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Interna «ha colocado debajo de la alfombra» el hecho de que Comunidades Seguras explota la discriminación racial para que el ICE alcance su meta de 400 mil deportaciones anuales, lamentó.

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