El director de Radio Bío-Bío realizó duras críticas contra Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la ex mandataria.
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El director de Radio Bío-Bío realizó duras críticas contra Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la ex mandataria.
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El canciller de Chile, Alfredo Moreno, aseguró que en las negociaciones con Chile se planteó que Bolivia pueda adquirir un terreno como propiedad privada cerca del Pacífico, pero sin tocar soberanía y eso lo sabía muy bien el presidente Evo Morales.
“El presidente Morales así lo aceptó expresamente. Le señalamos que las conversaciones debían ser sobre la base del respeto del Tratado de 1904 y que la soberanía no iba a ser tocada. Por lo tanto, él aceptó buscar una solución sin soberanía”, dijo Moreno en entrevista publicada por el diario La Tercera, el domingo.
Aseguró que la inclusión del tema marítimo en la Agenda de 13 puntos —definida en 2006 por los gobiernos de la chilena Michelle Bachelet y de Evo Morales— no incluía discutir la temática de soberanía.
“El tema marítimo no incluía la soberanía. Lo dijimos desde el primer día”, insistió y añadió que su incorporación obedecía a tratar otros aspectos, como facilitar el acceso de Bolivia a un terreno como propiedad privada.
“El tema marítimo es muy amplio: el acceso a los puertos, la posibilidad de tener un terreno cerca de la costa, como una propiedad privada, pero nada tiene que ver con la soberanía”, dijo el Canciller chileno en alusión a la demanda presentada por Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya.
La demanda tiene por objetivo de que se obligue a Chile a negociar una salida soberana al Pacífico en el marco de los compromisos hechos por Chile.
El presidente Morales recibió ayer un informe de parte de la comisión que viajó a La Haya y que presentó la demanda ante la CIJ un documento de ocho páginas que incluye otras 22 de anexos.
“Si quieren más tarde envío a algún compañero para informar. No siempre en detalle, porque nuestras estrategias no podemos comentar públicamente, pero también nuestra obligación es informar de manera general”, dijo Morales en la inauguración del congreso de mujeres campesinas de La Paz, ayer.
El influyente semanario inglés analizó la irrupción de la candidata del PS-PPD en la campaña presidencial, señalando que los resultados económicos del Gobierno de Piñera puede influir en el resultado de las elecciones.
SANTIAGO.- The Economist, el influyente semanario inglés, publicó esta semana un análisis de la irrupción de Michelle Bachelet en la campaña presidencial.
Tras sus primeras intervenciones públicas, el medio se pegunta por qué la ex Mandataria prometió enviar un proyecto de fin del lucro en la educación -lo que ya está prohibido a nivel universitario-, y no legisló en contra de esta materia más ampliamente cuando fue Presidenta.
“Durante meses su regreso (desde ONU-Mujeres) fue objeto de mucha especulación. Sus partidarios de la coalición de centro-izquierda Concertación, veían a Bachelet como su mejor esperanza de recuperar el poder. Cuando se le preguntaba (a Bachelet por su candidatura), respondió que ‘hablo en marzo’. Su silencio le dio una aura mística casi gnóstica”, señala el medio, el que agrega que en su regreso todo indica que Bachelet ganara con facilidad la primaria de la Concertación.
En esa línea, el medio señala que las encuestas también indican que la candidata del PS-PPD derrotará con facilidad Laurence Golborne (Independiente apoyado por la UDI) o Andrés Allamand (RN).
Sin embargo, a reglón seguido “The Economist” advierte: “Pero eso puede cambiar. Después de haber resistido grandes protestas estudiantiles, el gobierno de Sebastián Piñera cuenta con registros económicos impresionantes. El crecimiento ha promediado un 5,8% al año, el doble de la tasa del Gobierno de Bachelet, quien tuvo que lidiar con el impacto de la crisis financiera mundial. La inflación ha caído, el desempleo es bajo y la inversión extranjera regresó”.
“Bachelet –agrega The Economist- dijo esta semana a sus seguidores que si es reelegida (Presidenta) inmediatamente enviaría un proyecto de ley al Congreso para poner fin a las ganancias privadas de la educación en todos los niveles. Eso fue una concesión a los estudiantes. De hecho, (el lucro) ya está prohibido en las universidades. Y la réplica obvia es ¿por qué Bachelet no lo prohibió más ampliamente cuando estaba en el poder?”.
El análisis cierra con otra advertencia, deslizando una crítica a la estrategia de la ex Presidenta de no responder preguntas de forma abierta con la prensa.
“Otro de los peligros de Bachelet es la apatía. La elección presidencial de este año será la primera en que el voto es voluntario. Las encuestas sugieren que muchos votantes potenciales se mantengan alejados y que los partidarios de la coalición de Piñera son más propensos a sufragar que los de la Concertación. El candidato de la coalición gobernante, sin duda, insistirá en el hecho de que los chilenos están mejor ahora que hace cuatro años, y pedirá a los votantes considerar que lo mejor es garantizar el progreso económico continuo. Esa es una pregunta que la señora Bachelet tendrá que responder”.
por Claudia Rivas Arenas
Tema sería una cuña que divide al bacheletismo
Con los partidos del conglomerado divididos internamente por el tema, y ante una Bachelet que no incorpore la demanda por una Carta Fundamental legítima, de la que ya pedía en los 80 el ex Presidente Eduardo Frei Montalva, se teme que el candidato del PRO coseche votos en los jóvenes y en la izquierda. El asunto incluso cruza al mismo PS, donde se aprobó un mandato en el último congreso de la colectividad a favor de avanzar en esa dirección.
Mientras la ex Presidenta Michelle Bachelet veranea en el Lago Caburgua, a unos metros de Sebastián Piñera, en el mundo político opositor ya se comienzan a oír los aprontes para su proclamación como la abanderada del sector. En este contexto también está más presente que nunca el debate acerca del contenido programático de su eventual campaña y la necesidad de avanzar, en un próximo período presidencial, de una democracia representativa a una participativa.
Así, la idea de una asamblea constituyente es cada vez más apreciada por quienes tienen la convicción de que es imprescindible adaptar la Constitución a los nuevos tiempos y dejar de modificarla con pequeños cambios que algunos califican de “cosméticos”. En este contexto, también están los que ven con preocupación que Marco Enríquez-Ominami “naturalmente intente usar este elemento como diferenciador de la candidatura de la Concertación, justamente porque es ahí donde no hay consenso”, sobre esta materia.
Resulta que tanto en el Partido Socialista como en el PPD se han tomado acuerdos oficiales respecto de avanzar hacia una asamblea constituyente. Sin embargo, en la tienda encabezada por Osvaldo Andrade no hay unanimidad respecto de que sea imperioso este mecanismo para cambiar la Constitución. Por lo pronto, el primero en abrir la polémica al respecto en la oposición fue el presidente de la Cámara Alta y hombre fuerte de la tienda, senador Camilo Escalona.
En una entrevista publicada en La Tercera el 1 de septiembre del año pasado, afirmó que “yo no quisiera que el tema de la asamblea constituyente fuera una especie de droga que nos haga olvidar los problemas políticos, que son los decisivos. O sea, que nos pongamos a fumar opio en un escenario ficticio, inexistente, de una crisis institucional que no existe, de una asamblea constituyente que no se va a constituir nunca” y más adelante añade que “si no hay una crisis institucional, y existe un fenómeno crónico de desencanto, de distanciamiento, cuando nos ponemos a fumar opio, con propuestas inalcanzables, más se acentúa ese fenómeno crónico”.
Y, para ser justos, en la Democracia Cristiana tampoco hay una sola opinión sobre el tema. De hecho, quienes con más fuerza lo han impulsado desde la Concertación son el timonel del Partido Radical, senador José Antonio Gómez, y el PPD. Esta falta de acuerdo es lo que preocupa a un sector de la oposición que ve como ME-O pretende capitalizarlo, atrayendo al votante de izquierda con el discurso de que “lo principal es mejorar la democracia, que es mi gran diferencia con todos los candidatos. Yo creo en la educación laica, gratuita y de calidad; creo en la asamblea constituyente”, como señala en la entrevista que publicó El Mercurio el sábado 2 de febrero.
De ahí que en el progresismo opositor, asumiendo que Bachelet será su abanderada presidencial, refuercen la necesidad de tomar el concepto de la asamblea constituyente como parte de la oferta que la candidatura le haga a la ciudadanía frente a las próximas presidenciales. Incuso aunque desde el socialismo reconocen que en Chile “no existe una cultura, una historia, de asamblea constituyente”, también tienen la convicción de que “hay modelos que se han aplicado en otros países y que podrían calzar para el nuestro”.
Y admiten que hay diferencias no sólo al interior del PS respecto de la necesidad de la implementación de este mecanismo en Chile, sino también al interior de la Concertación —tal como lo plantean en la DC—, y que eso se debería a que “algunos objetan la forma, porque en Chile no existe la institucionalidad legal para eso”. Para un alto dirigente del partido “este es un debate que se tiene que abrir, de cara al país, ahora que le está yendo bien y no hay que esperar a que ocurra una crisis, como en España, para hacerlo”. En la tienda están concientes de que este es un tema debatible, pero también lo están de que resulta atractivo para un grupo de votantes jóvenes, cercanos a la izquierda, que se considere seriamente la fórmula para cambiar la Constitución y terminar definitivamente con los enclaves autoritarios que persisten, a pesar de las modificaciones que se le han realizado.
Fórmula institucional
Es allí donde comienza a preocupar la figura de ME-O. Porque en la oposición hay quienes creen que el aspirante del PRO a La Moneda, ex PS, podría conquistar con esta propuesta a un segmento joven que hasta ahora no se siente convocado a votar. Cuyo efecto es incalculable, explica un parlamentario, dada la alta abstención que se produjo en las municipales.
El diputado Fuad Chaín evoca que ya el ex Presidente Eduardo Frei Montalva aludió a este concepto durante su discurso en el Teatro Caupolicán, en agosto de 1980, unos pocos días antes del plebiscito con que el Régimen Militar validó la actual Carta Magna, por lo que no le encuentra lógica a que haya sectores de la oposición que no la validen ni menos a que se opongan en la DC, “siempre que el proceso se haga dentro de la institucionalidad”.
Mientras que el vicepresidente de la colectividad, diputado Alfonso De Urresti, recuerda que “existe un mandato del último Congreso que establece avanzar hacia una asamblea constituyente e implementarla de la mejor manera que sea posible, con el fin de tener una Constitución que emane de las fuerzas democráticas”. Ello, porque si bien se le han hecho modificaciones a la Carta Fundamental “su núcleo central claramente sigue igual”. Y en términos muy similares a los planteados por el también ex PS, Carlos Ominami, en su columna de El Mercurio el pasado 4 de febrero, en que le daba sustento orgánico a los dichos de su hijo respecto de la asamblea constituyente un par de días antes, De Urresti afirma que “si estamos todos de acuerdo en cambiar la Constitución, quienes se oponen a eso sería bueno que plantearan una alternativa viable”.
En la Democracia Cristiana admiten que el tema no es menor. Incluso ven que la estrategia de ME-O apunta hacia un segmento que podría sentirse atraído por un programa que contemple cambiar la Constitución. Ello, justamente aprovechando que en la Concertación no existe consenso. Y el vicepresidente de la tienda, diputado Fuad Chaín coincide con su par del PS en cuanto a que, en el marco del debate de fondo, nunca ha quedado clara la forma para llegar a la asamblea constituyente.
El parlamentario está convencido de que si se llegara a una fórmula dentro de la institucionalidad se obtendría el consenso. Incluso —tal como lo recuerda Ominami en su columna, cuando afirma que la idea de la asamblea constituyente está en la declaración de principios de la Alianza Democrática, organización que sirve de base a la Concertación—, Chaín evoca que ya el ex Presidente Eduardo Frei Montalva aludió a este concepto durante su discurso en el Teatro Caupolicán, en agosto de 1980, unos pocos días antes del plebiscito con que el Régimen Militar validó la actual Carta Magna, por lo que no le encuentra lógica a que haya sectores de la oposición que no la validen ni menos a que se opongan en la DC, “siempre que el proceso se haga dentro de la institucionalidad”.
En esa ocasión, en el marco de la alternativa que la oposición le ofrecía a la dictadura para que Chile pudiera volver a la democracia “debidamente renovada” —en el segundo punto— el ex mandatario sostenía que “constituido este gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de Constitución. Este proyecto se someterá a plebiscito, bajo un sistema que dé absolutas garantías, y con opciones claramente definidas y plena libertad de expresión”.
Mientras tanto, en el PPD hay quienes están convencidos de que si no se elabora una propuesta desde la oposición, que además se contemple en su programa, ME-O podría “atraer votos a su caudal. Sobre todo ahora que ha dado señales de que va a llegar a la primera vuelta, eso sería un problema”, admite un parlamentario de la tienda.
SANTIAGO DE CHILE (apro).- Un aluvión de barro que cayó el 21 de enero sobre las nacientes del río Maipo, que determinó que veintidós municipios y más de dos millones de habitantes quedaron sin agua potable, mostró los graves riesgos que se ciernen sobre la capital chilena y sobre el medio ambiente que le rodea, en caso de aprobarse el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la empresa estadunidense AES Gener.
El megaproyecto implica la construcción de las centrales hidroeléctricas de pasada Alfalfal II y Las Lajas, con 264 megavatios (mw) y 267 MW respectivamente, y requerirán una inversión de mil 600 millones de dólares.
El Maipo, además de abastecer de agua potable a 6 millones de personas en Santiago, riega 120 mil hectáreas agrícolas de las más productivas del país. También aporta aproximadamente 80% de los áridos (arena y grava) utilizados para la construcción en la Región Metropolitana (RM).
Asimismo, el “cajón del Maipo” es la zona turística por excelencia de la RM (Santiago).
En la tramitación de Alto Maipú, AES Gener ha contado con el apoyo irrestricto de la actual administración derechista, encabezada por Sebastián Piñera, así como de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010).
Intromisión estadunidense
AES Corp. es una de las principales empresas energéticas de Estados Unidos. Está presente en 29 países y tiene cerca de 30 mil empleados. En Chile controlan AES Gener, tercera empresa de generación eléctrica por potencia instalada. Produce 3 mil 129 mw, que representa 21% del total de la energía de este país.
Aes Gener cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Cables de la embajada de este país en Santiago, dados a conocer por Wikileaks en febrero de 2011, evidenciaron que la aprobación de la termoeléctrica Campiche (2009), ubicada en el municipio de Puchuncaví, región de Valparaíso, fue resultado de gestiones de altos funcionarios estadunidenses.
AES Gener comenzó a construir esta termoeléctrica en 2008 sin tener los permisos correspondientes. Al parecer presumía de no necesitarlos. Esta empresa no consideró que la normativa de urbanismo impedía poner en marcha industrias contaminantes en áreas verdes. Tampoco le importó que la zona donde se emplazaría ya estaba saturada de polución, y ni siquiera se detuvo ante una resolución de la Corte Suprema que canceló definitivamente este proyecto en mayo de 2009 al considerarlo ilegal.
Luego de esta decisión judicial, el secretario de Comercio de Estados Unidos Gary Locke escribió en octubre de 2009 una carta a diversas autoridades del gobierno de Bachelet conminándolos a viabilizar el proyecto.
El embajador Paul Simons se reunió con tres ministros del gobierno de Bachelet, entre ellos el de Interior Edmundo Pérez Yoma, a quienes les planteó “los daños a la imagen exterior” que sufriría Chile en caso de no prosperar Campiche.
Como resultado de estas diligencias el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado entonces por Patricia Poblete, emitió el decreto supremo 68 (publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2009), en el que se reinterpretaba la ley de urbanismo con la finalidad de permitir la puesta en marcha de Campiche. Fue un traje hecho a la medida de AES Gener.
La aprobación de Alto Maipo por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) también estuvo plagada de irregularidades. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados estudió los errores y omisiones de este proceso. Y sus conclusiones fueron lapidarias.
El 14 de enero de 2010, tras seis meses de trabajo, esta comisión evacuó su informe el que fue aprobado con 50 votos a favor y sin votos en contra.
Entre las conclusiones destaca que el permiso ambiental fue aprobado sin que Gener tuviera los derechos de agua en los puntos de captación. Sólo este argumento debió haber inviabilizado todo el proyecto.
La directora de la ONG ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, prestó su testimonio ante la citada comisión de la Cámara de Diputados. Allí sintetizó las que, a su juicio, eran las principales irregularidades que se cometieron en la aprobación del proyecto.
Larraín –quien en 1999 fue candidata presidencial independiente– denunció que Alto Maipo este proyecto se aprobó sin considerar que afectaría “sitios prioritarios de conservación” de la naturaleza cuya preservación es un compromiso internacional de Chile.
Además, arguyó la ambientalista: “Se va a intensificar la desertificación, al captar el nacimiento de las aguas y trasvasijarlas hacia otras cuencas. Este proyecto no es de centrales o de embalses, sino de pasada; pero hay un trasvasije de cuencas. No es lo mismo que se tome agua en el río Maipo en este lugar y que cincuenta metros más abajo se devuelva a este mismo río. En este caso se toma agua en los ríos Volcán, Yeso y Colorado y se trasvasija en el río Maipo 70 kilómetros más abajo”.
En este mismo sentido, el ingeniero hidráulico Jack Stren declaró a la mencionada comisión que los derechos de aguas que la empresa dice poseer son mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen. “Esto indica que si el proyecto se ejecuta, sacarán hasta la última gota de las cuencas, porque –insistió– dicen tener los derechos sobre todas esas aguas”.
Stern señaló que es dable esperar que los ríos Yeso, Colorado y El Volcán se sequen. Y el río Maipo disminuiría su caudal en un promedio anual de 40%, “por lo que se convertirá en un simple zanjón, con sus riberas totalmente secas”.
Larraín subrayó que la autoridad ambiental no observó estos impactos en la reducción de recursos hídricos lo que, en su opinión, “constituye un abandono de funciones”.
El ingeniero Stern definió como contradictorio el que como consecuencia de Alto Maipo se degraden 100 mil hectáreas de tierras precordilleranas, sin considerar que el nuevo Plan de Descontaminación de Santiago (2010) establece la necesidad de forestar zonas en la precordillera para contar con una importante masa verde que favorezca la descontaminación de la ciudad.
Stern también señaló que producto del cambio climático disminuirán las precipitaciones entre 14.5% y 31% en la cuenca del Maipo. Esto, sumado a la eventual construcción del PHAM, implicaría un escenario gravísimo de escasez de agua en el Maipo y, como consecuencia, en el abastecimiento de agua de Santiago.
Por otra parte, el proyecto de AES Gener prevé la corta de varias especies arbóreas protegidas por ley, entre ellas, olivillos y guayacanes. “La ley de Bosque Nativo expresa claramente –señaló Larraín– que la autoridad no podrá aprobar planes de manejo que impliquen corta de especies en categoría de protección y de sus especies acompañantes, con la sola excepción de casos de interés público. Eso particularmente referido a proyectos del Estado”.
Por lo mismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la RM no dio el permiso. Sin embargo, la directora nacional de esta institución, Catalina Bau, presionó para que se aprobara el plan de manejo de corta de estas especies conminándolos, de esta manera, a contravenir la Ley de Bosque Nativo en los artículos 7° y 19. Y lo consiguió.
Otra irregularidad nace del hecho que Alto Maipo, intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, los cuales están protegidos por el decreto supremo 531, de 1967, y por la ley 18.362, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la Convención de Washington, que están vinculados.
En este caso, las instituciones responsables de que no se haya resguardado el glaciar fueron la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería, a pesar de que la Conaf las consultó sobre este punto.
Por otro lado, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) incurrió en otra falta que puede tener severas consecuencias. Esta dependencia obvió el hecho de que al canalizarse los ríos Volcán, Colorado y Yeso en un túnel de 70 kilómetros se reducirá la generación de sedimento en una cantidad estimada de 2.3 millones de toneladas anuales, que corresponde a 27% de la producción de sedimento de la cuenca. “Esto generará un hundimiento, dado que las empresas areneras –señala Larraín según consta en el informe de la Comisión investigadora– continuará con la extracción de áridos para Santiago, lo que (…) va a generar un hundimiento del lecho del río Maipo, provocando el riesgo (…) que los puentes de la infraestructura pública queden en peligro debido al socavamiento de las bases”.
Se refiere específicamente al puente Los Morros, el nuevo puente de acceso sur a Santiago y los puente de la carretera Panamericana, tanto el destinado para vehículos motorizados, como el de trenes. Esta erosión del río por extracción de áridos afectaría también las bocatomas de cinco canales que riegan 107 mil hectáreas agrícolas, lo que perjudicará a predios y a campesinos de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Padre Hurtado, Maipú, Peñaflor, Buin, Talagante, Isla de Maipo y Paine.
La negligencia de la DOH consistió en entregar el permiso ambiental sectorial ignorando un estudio de la Universidad de Chile, que fue anexado al estudio de impacto ambiental, el cual señalaba que se iba a producir una importante disminución de áridos. Como para subsanar esta omisión, el DOH pidió que se hiciera un nuevo estudio de sedimentos antes de la operación de las centrales.
Contrato secreto
Hasta el 21 de enero Alto Maipo marchaba sobre ruedas. Pero el impacto provocado por el aluvión y el corte de agua por este ocasionado –debido a que la gran cantidad de barro que cayó sobre el río Maipo impidió que la planta potabilizadora de la empresa Aguas Andinas pudiera funcionar– modificó el panorama.
En las últimas semanas no sólo se han podido conocer los pormenores y riesgos que supone el PHAM. También se comenzaron a destrabar sus secretos.
El 22 de enero, en medio de un gran revuelo mediático, medio centenar de organizaciones reunidas en la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo emitieron una declaración denunciando la existencia de un contrato secreto entre Aguas Andinas y AES Gener:
“En el año 2011 Aguas Andinas firmó un contrato con AES Gener que implica ceder parte del agua limpia para consumo humano que posee Santiago para la generación eléctrica de estas centrales que aún no se construyen. Con esta acción Aguas Andinas amplía su giro priorizando sus ganancias económicas por sobre su labor fundamental, establecida por contrato con el Estado”.
Los defensores del río Maipo llevaban un año solicitando conocer este contrato. Se lo pidieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS) pero ésta les negó el acceso porque Aguas Andinas se opuso.
Entonces los ambientalistas recurrieron, en mayo de 2012, al Consejo de la Transparencia (entidad estatal autónoma encargada de velar por el acceso público a la información). En fallo entregado en junio de 2012 esta entidad también rechazó entregar esta información.
La Coordinadora Ciudadana no cejó: presentó un recurso de reclamación a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que cuatro días después del aluvión acogió en forma unánime el requerimiento: “Esta Corte no divisa la razón en virtud de la cual la entrega del Convenio pueda comprometer el interés patrimonial de Aguas Andinas SA y Gener, por el contrario, la seguridad hidrológica respecto del servicio sanitario de la Región Metropolitana, es una materia de tal trascendencia social y económica, que hace necesaria el conocimiento de información que en él se contiene”, dice el fallo.
En entrevista con Apro, la vocera de la citada coordinadora ciudadana, Marcela Mella, sostuvo que este fallo “favorable y rápido”, tiene mucho que ver con la situación generada tras el aluvión. Y añade: “Nosotros confiamos en la Justicia y desconfiamos del parlamento y los gobiernos por la forma turbia con la que se han comportado. La Concertación fue asquerosa: no hizo ningún cambio a lo obrado por la dictadura… la ley eléctrica y la ley minera siguen teniendo una categoría mayor que el resto de las leyes”.
Mella señala que el objetivo de obtener el citado contrato es dejarlo sin efecto: “AES Gener requiere de esos recursos hídricos. Si ellos dejan de contar con los recursos hídricos que le suministraría Aguas Andinas dejarían de ganar 45 millones de dólares al año lo que le quitaría atractivo a este proyecto”.
Cabe consignar que la Coordinadora Ríos del Maipo está impulsando una fuerte ofensiva judicial. Está a la espera de que la Corte de Apelaciones falle respecto de un recurso de reclamación contra la resolución de la DGA que aprueba las obras hidráulicas de Alto Maipo “por vicios insalvables en su aprobación” que fue entregada por el gobierno de Piñera.
Mella afirma que si AES Gener perdiera esta causa quedaría casi sin posibilidad de construir su central Alto Maipo”. Este recurso fue presentado con el patrocinio del abogado Gustavo Manríquez, exdirector general de Aguas durante 1990-1994.
Ríos del Maipo también espera el resultado de una demanda de nulidad de derecho público contra la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto en comento “por vicios insalvables”. Esta acción está dirigida contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) continuador legal de la Conama, contra la DOH y contra AES Gener. Esta demanda es llevada por el abogado Jorge Reyes, que es experto en derecho administrativo.
A modo de conclusión, Marcela Mella señala que “cuando el Estado no hace su trabajo y actúa sólo favoreciendo a una empresa transnacional, a una comunidad no le queda otra que judicializar estos permisos”.
Mella señala que la lucha de los suyos es onerosa y muy sacrificada: “No tenemos ningún tipo de financiamiento y para organizaciones como la nuestra contratar abogados especialistas, a pesar de la conciencia que éstos tienen, representan cifras importantes de dinero (…) terminamos haciendo el trabajo del Estado y gastando mucho tiempo y plata”.
El ejército probó con éxito el primer drone desarrollado en el país, destinado a tareas de monitoreo y rescate; la tecnología, cada vez más usada en América latina, no tiene regulación
Por Carlos Vergara | LA NACION
SANTIAGO, Chile.- Ampliamente cuestionados por el polémico uso que les ha dado Estados Unidos en operaciones militares en países como Yemen, Somalia y Paquistán, los aviones no tripulados, también llamados “drones”, ganan cada vez mayor espacio en los cielos de América latina.
En lo que fue calificado como un formidable y pionero avance de su tecnología aeronáutica, el ejército chileno realizó el fin de semana con éxito el vuelo de prueba de su sorprendente primer drone de desarrollo estrictamente local, una política contraria a la llevada hasta ahora por los países de la región, más propensos a la importación de este tipo de vehículos aéreos.
El avión, que mide 1,60 metros de largo y 2,70 de ancho, fue presentado la semana pasada en la escuela de suboficiales del ejército, en el marco de un seminario de tecnología militar, y fue comparado por algunos asombrados asistentes con la última versión del videojuego de consola Call of Duty, el mayor superéxito de ventas en simulaciones bélicas.
Bautizado Láscar, en honor al volcán del mismo nombre, cuyo significado es “lengua de fuego” en el idioma de los antiguos habitantes de Atacama, el drone chileno es controlado por un oficial en tierra. Está diseñado para volar a una velocidad crucero de 80 kilómetros por hora y es capaz de obtener imágenes de alta resolución sin ser detectado.
Desarrollado y elaborado en conjunto por el ejército chileno, la Universidad de Concepción y una empresa privada, la gran misión de Láscar apunta al control de variables medioambientales y climáticas, tales como el monitoreo de ríos y fuentes hídricas, erupciones volcánicas, desastres naturales y operativos de rescate, monitoreo de incendios y prospección pesquera.
“Los sistemas aéreos no tripulados de la dimensión del tamaño que diseñamos funcionan sobre la base de dos plataformas: área y terrestre”, explicó el mayor Flavio Narváez, en referencia al avión y al vehículo encargado de transportar el sistema.
Acaso por el complejo contexto del inicio del juicio en La Haya por el diferendo marítimo entre Chile y Perú, y las crecientes acusaciones de Bolivia de que el gobierno del presidente Sebastián Piñera busca incrementar su poderío bélico, la noticia fue manejada en un discreto segundo plano, pese a que el flamante ministro de Defensa, Rodrigo Hinzpeter, fue testigo del vuelo experimental.
“[Con el Láscar podremos] tener un avión que permite funcionamiento para objetivos militares, pero también permite búsqueda y rescate de personas. ¿Cuántas veces se nos extravían chilenos o turistas? También permite monitorear incendios forestales, que siempre se producen”, dijo Hinzpeter.
De acuerdo con el comandante de educación y doctrina del ejército, el general Bosco Pesce, Hinzpeter se comprometió a desembolsar los recursos para la construcción de 18 drones, que estarían operativos el marzo de 2014. “Esto no significa amenaza alguna para los países de la región. Brasil y la Argentina también desarrollan sus propias tecnologías y es algo normal. Casi una exigencia de ejércitos modernos”, dijo a LA NACION el analista de defensa chileno Daniel Prieto Vial.
“Es un avioncito de reconocimiento. Recién ahora nos estamos metiendo en esto”, agregó Prieto, que precisa que el gobierno de Chile ya cuenta con aviones no tripulados israelíes, que fueron adquiridos después del violento sismo de 2010.
Aquella vez, en un capítulo que pasará a la historia, la entonces presidenta Michelle Bachelet tardó horas en informarse del estado del desastre en el país porque no pudo encontrar un helicóptero que la trasladara.
Tal adquisición, formalizada por el ex ministro de Defensa Andrés Allamand en septiembre del año pasado, consistió en tres drones Hermes 900, producidos por la empresa israelí Elbit Systems, que tardarán dos años en entrar en funcionamiento y serían utilizados para el control del contrabando, la inmigración ilegal y el narcotráfico en el norte del país.
“Pájaros metálicos”
El panorama regional también apunta a la masificación de los “pájaros metálicos” para un futuro no muy lejano. Brasil, por ejemplo, cuenta con dos UAV israelíes (Hermes 450), planea comprar 14 IAI Heron, para que operen en el Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016, y proyectó el desarrollo de drones propios (su nombre será Harpia), a través de una joint venture entre la estatal Empresa Brasileira de Aeronáutica y la israelí Elbit Systems.
Ecuador, por su parte, tiene seis IAI Heron, que utiliza para vigilar el narcotráfico en alta mar. Y Venezuela, que ya tendría en su poder el Mohajer 2 iraní, presentó el mes pasado un nuevo drone fabricado en Caracas por ingenieros capacitados en Teherán.
Las desconfianzas se acrecientan, más aun luego de que la revista norteamericana Wired diera a conocer que el gobierno de Barack Obama planea enviar drones norteamericanos a sobrevolar América latina. Éstos serían el Predator, el Reaper y el Global Hawk, todos modelos que cumplen misiones de espionaje y ataque en Afganistán y están armados no sólo con cámaras, sino también con mortíferos misiles.
Huérfanos de una legislación que limite sus alcances, los drones responden en la región a acuerdos peregrinos, como el que obliga a México, la Argentina, Brasil y Chile a utilizarlos sólo para fines pacíficos. En virtud de ello, no son pocos quienes piden que esto sea regulado por el Consejo de Defensa de la Unasur o por la propia ONU.
Los drones en América latina
Brasil
En 2009 adquirió dos drones Hermes 450 para patrullar fronteras y favelas; planea sumar otras 14 unidades
México
Tiene un Hermes 450 para controlar su frontera Norte
Venezuela
Desarrolló su propio modelo, el ANT-1X; además, trabaja junto a Irán en la construcción de nuevos drones
http://www.lanacion.com.ar/1530546-titulo-2×3-mdffe-cpo36-iustrtrud-exer-ilit-gfhjmd
El candidato presidencial del PRO cuestionó a la ex Mandataria por no intervenir en temas de alto interés público, como las demandas educacionales, pese a aparecer como la eventual candidata de la Concertación a La Moneda.
SANTIAGO.- El precandidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, tras emplazar a los ministros de Obras Públicas y Defensa, Laurence Golborne y Andrés Allamand, a dejar el Gobierno para ser candidatos a La Moneda, también arremetió en contra de la ex Presidenta Michelle Bachelet.
En conversación con “Soychile”, criticó a la más probable candidata presidencial de la Concertación por no dar su opinión frente a temas de alto interés público, como las demandas en Educación.
“Para que haya un cambio en Chile se necesita mucho coraje. Tiene que atreverse. Yo por lo menos creo que debe dejar los cálculos. Yo estoy acá, en Iquique, en las calles. Por respeto a ella no es bueno que la traten de utilizar. Cuando tome su decisión, habrá una oportunidad en este país de un debate presidencial fascinante”, indicó el fundador del Partido Progresista en medio de una gira por el norte del país apoyando a los candidatos de su colectividad para las elecciones municipales de este mes.
“Una de sus frases era que nadie se repetiría el plato. Hoy asoma como candidata”, agregó ME-O, recordando una de las declaraciones más polémicas de Bachelet, ya que no pudo aplicarla en su gabinete, debiendo nombrar como ministros a ex personeros de la Concertación debido al bajo respaldo ciudadano que tuvo tras sus primeros meses en el Gobierno.
“Eso lo dijo al lado mío en La Ligua y la felicité por ello. Me parece una gran frase y ojalá esa frase se cumpla, porque los partidos tienen poca tendencia a proponer al país liderazgos nuevos. Y (en la Concertación) en el 2009 ya hicieron eso, llevaron como candidato a un ex Presidente (Eduardo Frei, que perdió la elección con Sebastián Piñera”, dijo.
Sin embargo, aclaró que “nuestro desafío ahora no es contra la Concertación o contra Bachelet, es sacar a un Gobierno que privatiza la vida de los chilenos”.
LA PAZ.- El presidente boliviano, Evo Morales, afirmó hoy que no es ninguna “agresión ni provocación” que su país defina proyectos para el aprovechamiento de las aguas de los manantiales del Silala, objeto de una controversia con Chile.
“No es ninguna agresión ni provocación a Chile, ni es ninguna ofensa a Chile. Si las vertientes del agua del Silala están en territorio boliviano, nosotros soberanamente debemos decidir sobre esas aguas dando un buen uso”, sostuvo Morales en una rueda de prensa.
También prometió respaldo al gobernador del departamento andino de Potosí, el oficialista Félix González, que anunció la semana pasada que este mes pondrá en marcha el primero de varios proyectos para aprovechar las aguas del Silala, situadas en esa región.
El proyecto anunciado consiste en la construcción de cuatro represas en esa zona fronteriza con Chile para instalar criaderos de peces, para lo que la gobernación potosina ha previsto una interrupción temporal del flujo de las aguas del Silala de 10 a 15 días para comenzar las obras.
Según las autoridades, los proyectos demostrarán la soberanía boliviana sobre las aguas de esos manantiales que fluyen al norte de Chile por canales construidos artificialmente en el siglo pasado.
El Gobierno chileno ha solicitado a su consulado en La Paz que pida información a las autoridades bolivianas sobre éste y otros proyectos para evaluarlos “y prevenir cualquier daño a este recurso hídrico compartido, en especial aquellos de carácter medioambiental que pudieran producirse por la contaminación de las aguas”.
Para el ejecutivo chileno, el Silala es un río de curso internacional.
Morales recordó hoy que logró avances importantes para resolver la controversia sobre el Silala cuando Michelle Bachelet era presidenta de Chile, pero lamentó que con el actual Gobierno de Sebastián Piñera se hayan paralizado las conversaciones.
También criticó a los líderes cívicos de Potosí, que se opusieron en su momento a la firma de un primer acuerdo negociado con el Gobierno de Bachelet, por el que Chile accedía a compensar a Bolivia por la mitad del flujo de las aguas hacia su territorio, mientras se definía la controversia sobre el resto de los caudales.
La Gobernación potosina anunció las obras en el Silala tras una nueva subida de la tensión entre los dos Gobiernos por la demanda boliviana de una restitución del acceso soberano al océano Pacífico.
Morales afirmó la semana pasada en Perú que Chile es un peligro no solo para Bolivia sino para la región y le reclamó la revisión de un tratado firmado en 1904 que selló los límites territoriales, tras la guerra del Pacífico librada a fines del siglo XIX.
Su colega chileno, Sebastián Piñera, había señalado previamente que iba a defender la soberanía y el territorio de su país con toda “la fuerza de mundo” y en Lima insistió en que ambos países están obligados a respetar los tratados firmados.
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