SANTIAGO DE CHILE (apro).- Un aluvión de barro que cayó el 21 de enero sobre las nacientes del río Maipo, que determinó que veintidós municipios y más de dos millones de habitantes quedaron sin agua potable, mostró los graves riesgos que se ciernen sobre la capital chilena y sobre el medio ambiente que le rodea, en caso de aprobarse el Proyecto Hidroeléctrico Alto Maipo (PHAM) de la empresa estadunidense AES Gener.
El megaproyecto implica la construcción de las centrales hidroeléctricas de pasada Alfalfal II y Las Lajas, con 264 megavatios (mw) y 267 MW respectivamente, y requerirán una inversión de mil 600 millones de dólares.
El Maipo, además de abastecer de agua potable a 6 millones de personas en Santiago, riega 120 mil hectáreas agrícolas de las más productivas del país. También aporta aproximadamente 80% de los áridos (arena y grava) utilizados para la construcción en la Región Metropolitana (RM).
Asimismo, el “cajón del Maipo” es la zona turística por excelencia de la RM (Santiago).
En la tramitación de Alto Maipú, AES Gener ha contado con el apoyo irrestricto de la actual administración derechista, encabezada por Sebastián Piñera, así como de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010).
Intromisión estadunidense
AES Corp. es una de las principales empresas energéticas de Estados Unidos. Está presente en 29 países y tiene cerca de 30 mil empleados. En Chile controlan AES Gener, tercera empresa de generación eléctrica por potencia instalada. Produce 3 mil 129 mw, que representa 21% del total de la energía de este país.
Aes Gener cuenta con el respaldo del gobierno de Estados Unidos. Cables de la embajada de este país en Santiago, dados a conocer por Wikileaks en febrero de 2011, evidenciaron que la aprobación de la termoeléctrica Campiche (2009), ubicada en el municipio de Puchuncaví, región de Valparaíso, fue resultado de gestiones de altos funcionarios estadunidenses.
AES Gener comenzó a construir esta termoeléctrica en 2008 sin tener los permisos correspondientes. Al parecer presumía de no necesitarlos. Esta empresa no consideró que la normativa de urbanismo impedía poner en marcha industrias contaminantes en áreas verdes. Tampoco le importó que la zona donde se emplazaría ya estaba saturada de polución, y ni siquiera se detuvo ante una resolución de la Corte Suprema que canceló definitivamente este proyecto en mayo de 2009 al considerarlo ilegal.
Luego de esta decisión judicial, el secretario de Comercio de Estados Unidos Gary Locke escribió en octubre de 2009 una carta a diversas autoridades del gobierno de Bachelet conminándolos a viabilizar el proyecto.
El embajador Paul Simons se reunió con tres ministros del gobierno de Bachelet, entre ellos el de Interior Edmundo Pérez Yoma, a quienes les planteó “los daños a la imagen exterior” que sufriría Chile en caso de no prosperar Campiche.
Como resultado de estas diligencias el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, liderado entonces por Patricia Poblete, emitió el decreto supremo 68 (publicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 2009), en el que se reinterpretaba la ley de urbanismo con la finalidad de permitir la puesta en marcha de Campiche. Fue un traje hecho a la medida de AES Gener.
La aprobación de Alto Maipo por parte de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama) también estuvo plagada de irregularidades. La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente de la Cámara de Diputados estudió los errores y omisiones de este proceso. Y sus conclusiones fueron lapidarias.
El 14 de enero de 2010, tras seis meses de trabajo, esta comisión evacuó su informe el que fue aprobado con 50 votos a favor y sin votos en contra.
Entre las conclusiones destaca que el permiso ambiental fue aprobado sin que Gener tuviera los derechos de agua en los puntos de captación. Sólo este argumento debió haber inviabilizado todo el proyecto.
La directora de la ONG ambientalista Chile Sustentable, Sara Larraín, prestó su testimonio ante la citada comisión de la Cámara de Diputados. Allí sintetizó las que, a su juicio, eran las principales irregularidades que se cometieron en la aprobación del proyecto.
Larraín –quien en 1999 fue candidata presidencial independiente– denunció que Alto Maipo este proyecto se aprobó sin considerar que afectaría “sitios prioritarios de conservación” de la naturaleza cuya preservación es un compromiso internacional de Chile.
Además, arguyó la ambientalista: “Se va a intensificar la desertificación, al captar el nacimiento de las aguas y trasvasijarlas hacia otras cuencas. Este proyecto no es de centrales o de embalses, sino de pasada; pero hay un trasvasije de cuencas. No es lo mismo que se tome agua en el río Maipo en este lugar y que cincuenta metros más abajo se devuelva a este mismo río. En este caso se toma agua en los ríos Volcán, Yeso y Colorado y se trasvasija en el río Maipo 70 kilómetros más abajo”.
En este mismo sentido, el ingeniero hidráulico Jack Stren declaró a la mencionada comisión que los derechos de aguas que la empresa dice poseer son mayores a los que el Maipo y sus afluentes tienen. “Esto indica que si el proyecto se ejecuta, sacarán hasta la última gota de las cuencas, porque –insistió– dicen tener los derechos sobre todas esas aguas”.
Stern señaló que es dable esperar que los ríos Yeso, Colorado y El Volcán se sequen. Y el río Maipo disminuiría su caudal en un promedio anual de 40%, “por lo que se convertirá en un simple zanjón, con sus riberas totalmente secas”.
Larraín subrayó que la autoridad ambiental no observó estos impactos en la reducción de recursos hídricos lo que, en su opinión, “constituye un abandono de funciones”.
El ingeniero Stern definió como contradictorio el que como consecuencia de Alto Maipo se degraden 100 mil hectáreas de tierras precordilleranas, sin considerar que el nuevo Plan de Descontaminación de Santiago (2010) establece la necesidad de forestar zonas en la precordillera para contar con una importante masa verde que favorezca la descontaminación de la ciudad.
Stern también señaló que producto del cambio climático disminuirán las precipitaciones entre 14.5% y 31% en la cuenca del Maipo. Esto, sumado a la eventual construcción del PHAM, implicaría un escenario gravísimo de escasez de agua en el Maipo y, como consecuencia, en el abastecimiento de agua de Santiago.
Por otra parte, el proyecto de AES Gener prevé la corta de varias especies arbóreas protegidas por ley, entre ellas, olivillos y guayacanes. “La ley de Bosque Nativo expresa claramente –señaló Larraín– que la autoridad no podrá aprobar planes de manejo que impliquen corta de especies en categoría de protección y de sus especies acompañantes, con la sola excepción de casos de interés público. Eso particularmente referido a proyectos del Estado”.
Por lo mismo, la Corporación Nacional Forestal (CONAF) de la RM no dio el permiso. Sin embargo, la directora nacional de esta institución, Catalina Bau, presionó para que se aprobara el plan de manejo de corta de estas especies conminándolos, de esta manera, a contravenir la Ley de Bosque Nativo en los artículos 7° y 19. Y lo consiguió.
Otra irregularidad nace del hecho que Alto Maipo, intervendría formaciones geológicas e hidrogeológicas del Monumento Nacional El Morado, el glaciar y la laguna San Francisco, los cuales están protegidos por el decreto supremo 531, de 1967, y por la ley 18.362, del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado y la Convención de Washington, que están vinculados.
En este caso, las instituciones responsables de que no se haya resguardado el glaciar fueron la Dirección General de Aguas (DGA) y el Servicio Nacional de Geología y Minería, a pesar de que la Conaf las consultó sobre este punto.
Por otro lado, la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas (MOP) incurrió en otra falta que puede tener severas consecuencias. Esta dependencia obvió el hecho de que al canalizarse los ríos Volcán, Colorado y Yeso en un túnel de 70 kilómetros se reducirá la generación de sedimento en una cantidad estimada de 2.3 millones de toneladas anuales, que corresponde a 27% de la producción de sedimento de la cuenca. “Esto generará un hundimiento, dado que las empresas areneras –señala Larraín según consta en el informe de la Comisión investigadora– continuará con la extracción de áridos para Santiago, lo que (…) va a generar un hundimiento del lecho del río Maipo, provocando el riesgo (…) que los puentes de la infraestructura pública queden en peligro debido al socavamiento de las bases”.
Se refiere específicamente al puente Los Morros, el nuevo puente de acceso sur a Santiago y los puente de la carretera Panamericana, tanto el destinado para vehículos motorizados, como el de trenes. Esta erosión del río por extracción de áridos afectaría también las bocatomas de cinco canales que riegan 107 mil hectáreas agrícolas, lo que perjudicará a predios y a campesinos de las comunas de San Bernardo, Calera de Tango, Padre Hurtado, Maipú, Peñaflor, Buin, Talagante, Isla de Maipo y Paine.
La negligencia de la DOH consistió en entregar el permiso ambiental sectorial ignorando un estudio de la Universidad de Chile, que fue anexado al estudio de impacto ambiental, el cual señalaba que se iba a producir una importante disminución de áridos. Como para subsanar esta omisión, el DOH pidió que se hiciera un nuevo estudio de sedimentos antes de la operación de las centrales.
Contrato secreto
Hasta el 21 de enero Alto Maipo marchaba sobre ruedas. Pero el impacto provocado por el aluvión y el corte de agua por este ocasionado –debido a que la gran cantidad de barro que cayó sobre el río Maipo impidió que la planta potabilizadora de la empresa Aguas Andinas pudiera funcionar– modificó el panorama.
En las últimas semanas no sólo se han podido conocer los pormenores y riesgos que supone el PHAM. También se comenzaron a destrabar sus secretos.
El 22 de enero, en medio de un gran revuelo mediático, medio centenar de organizaciones reunidas en la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo emitieron una declaración denunciando la existencia de un contrato secreto entre Aguas Andinas y AES Gener:
“En el año 2011 Aguas Andinas firmó un contrato con AES Gener que implica ceder parte del agua limpia para consumo humano que posee Santiago para la generación eléctrica de estas centrales que aún no se construyen. Con esta acción Aguas Andinas amplía su giro priorizando sus ganancias económicas por sobre su labor fundamental, establecida por contrato con el Estado”.
Los defensores del río Maipo llevaban un año solicitando conocer este contrato. Se lo pidieron a la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SSIS) pero ésta les negó el acceso porque Aguas Andinas se opuso.
Entonces los ambientalistas recurrieron, en mayo de 2012, al Consejo de la Transparencia (entidad estatal autónoma encargada de velar por el acceso público a la información). En fallo entregado en junio de 2012 esta entidad también rechazó entregar esta información.
La Coordinadora Ciudadana no cejó: presentó un recurso de reclamación a la Corte de Apelaciones de Santiago, la que cuatro días después del aluvión acogió en forma unánime el requerimiento: “Esta Corte no divisa la razón en virtud de la cual la entrega del Convenio pueda comprometer el interés patrimonial de Aguas Andinas SA y Gener, por el contrario, la seguridad hidrológica respecto del servicio sanitario de la Región Metropolitana, es una materia de tal trascendencia social y económica, que hace necesaria el conocimiento de información que en él se contiene”, dice el fallo.
En entrevista con Apro, la vocera de la citada coordinadora ciudadana, Marcela Mella, sostuvo que este fallo “favorable y rápido”, tiene mucho que ver con la situación generada tras el aluvión. Y añade: “Nosotros confiamos en la Justicia y desconfiamos del parlamento y los gobiernos por la forma turbia con la que se han comportado. La Concertación fue asquerosa: no hizo ningún cambio a lo obrado por la dictadura… la ley eléctrica y la ley minera siguen teniendo una categoría mayor que el resto de las leyes”.
Mella señala que el objetivo de obtener el citado contrato es dejarlo sin efecto: “AES Gener requiere de esos recursos hídricos. Si ellos dejan de contar con los recursos hídricos que le suministraría Aguas Andinas dejarían de ganar 45 millones de dólares al año lo que le quitaría atractivo a este proyecto”.
Cabe consignar que la Coordinadora Ríos del Maipo está impulsando una fuerte ofensiva judicial. Está a la espera de que la Corte de Apelaciones falle respecto de un recurso de reclamación contra la resolución de la DGA que aprueba las obras hidráulicas de Alto Maipo “por vicios insalvables en su aprobación” que fue entregada por el gobierno de Piñera.
Mella afirma que si AES Gener perdiera esta causa quedaría casi sin posibilidad de construir su central Alto Maipo”. Este recurso fue presentado con el patrocinio del abogado Gustavo Manríquez, exdirector general de Aguas durante 1990-1994.
Ríos del Maipo también espera el resultado de una demanda de nulidad de derecho público contra la resolución de calificación ambiental que aprobó el proyecto en comento “por vicios insalvables”. Esta acción está dirigida contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) continuador legal de la Conama, contra la DOH y contra AES Gener. Esta demanda es llevada por el abogado Jorge Reyes, que es experto en derecho administrativo.
A modo de conclusión, Marcela Mella señala que “cuando el Estado no hace su trabajo y actúa sólo favoreciendo a una empresa transnacional, a una comunidad no le queda otra que judicializar estos permisos”.
Mella señala que la lucha de los suyos es onerosa y muy sacrificada: “No tenemos ningún tipo de financiamiento y para organizaciones como la nuestra contratar abogados especialistas, a pesar de la conciencia que éstos tienen, representan cifras importantes de dinero (…) terminamos haciendo el trabajo del Estado y gastando mucho tiempo y plata”.
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centinela66
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