La banda ancha en Latinoamérica es 50 veces más cara que en la OCDE

Santiago de Chile, 27 may (EFE).- La banda ancha en América Latina y el Caribe es 50 veces más cara que en los países desarrollados de la OCDE, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Como promedio en esa región, el pasado mes de marzo el valor del servicio de banda ancha fija, en paridad de poder adquisitivo, fue de 72,8 dólares el megabyte por segundo (mbps), frente a los 5,9 dólares en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), compuesta por 34 Estados.

“Las comparaciones que realizamos tienen dos componentes, el precio del servicio y el poder adquisitivo del país. La variable del poder adquisitivo es bastante importante en la comparación, por eso las diferencias son grandes”, explicó hoy a Efe el director del Observatorio Regional de Banda Ancha (ORBA), Fernando Rojas.

Así, en un extremo de la lista se ubica Bolivia, donde la tarifa fue de 300 dólares por mbps, y en el otro Panamá, donde se cobra a los usuarios 17,7 dólares por mbps.

En cuanto a la velocidad del servicio, durante el último año, en América del Sur se incrementó un 53 % la velocidad efectiva tanto de subida como de bajada con la que se accede a la banda ancha de Internet.

En ambos casos sobresale Chile, donde la velocidad de subida en abril alcanzó los 1.767 mbps, un 39% más rápido que en igual mes de 2010, y la de bajada 6.413 mbps. La cifra más baja corresponde a Bolivia, con una velocidad de subida de 210 mbps y de 428 mbps de bajada.

En tanto, el porcentaje de suscriptores de banda ancha móvil respecto al total de la población de América Latina y el Caribe pasó del 0,2 % en 2005 al 4,7 % en 2009, mientras que en los países de la OCDE la proporción se elevó de 5 % a 49 % en el mismo período.

“En términos generales han habido mejoras en la región si miramos solamente los datos absolutos. Ha habido crecimiento en la penetración, mejoras en la velocidades (…) pero los países más desarrollados están avanzando más rápido, por lo que la brecha en la banda ancha sigue incrementándose”, advirtió Rojas.

Todas las cifras proceden del Observatorio Regional de Banda Ancha, inaugurado este jueves en Santiago de Chile, durante la tercera reunión del Diálogo Regional sobre los costos de enlaces internacionales y su impacto en los precios de la banda ancha.

“El Observatorio será una importante fuente de información para el diseño y seguimiento de políticas públicas orientadas a la universalización de la banda ancha”, señaló la secretaria ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena.

A su juicio, la banda ancha “puede convertirse en un eje básico de la integración regional”, especialmente en el ámbito de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que agrupa a doce países.

Entre los objetivos del Observatorio están propiciar el intercambio de las políticas públicas que cada país aplica para promover el servicio de banda ancha y proveer a los Gobiernos de información “relevante y oportuna” que propicie la masificación de la banda ancha en la región, destacó Rojas.

El Diálogo Regional sobre la banda ancha surgió en junio de 2010 y cuenta con la participación de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay.

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5iMYFskBOAYYPzCsbwIILBftnbLgQ?docId=1538690

Indígenas repatriados de México resisten al abandono y la miseria en Guatemala

Suchitepéquez (Guatemala), 28 may (EFE).- Tras escapar de la guerra y refugiarse durante casi dos décadas en México, 260 familias de indígenas guatemaltecos repatriadas en 1995 resisten a la miseria y al hambre en una comunidad de la costa sur del país totalmente abandonadas por el Estado.

Las más de 1.400 personas que integran estas 260 familias creyeron volver a la “tierra prometida” hace 16 años, cuando después de un largo proceso de negociación, a regañadientes, el Gobierno les facilitó un crédito para comprar unas tierras desgastadas por el cultivo de algodón y la ganadería.

“Eran unos potreros, no había agua ni leña para cocinar”, recordó a Efe Marta Domingo, una indígena Mam, originaria de la aldea La Casaca, del municipio de San Idelfonso Ixtahuacaán (Huehuetenango), que ha trabajado duramente la tierra junto con los hombres para buscar el sustento de la familia y levantar a la comunidad.

Originarios de regiones de Quiché, Huehuetenango y Chiquimula, estos indígenas de las etnias Ixil, Mam, K’iche’, Kaqchikel, Q’anjob’ y Ch’ortii, así como compartieron sus penas en el refugio luchan ahora juntos por sobrevivir en la comunidad de La Guadalupe, en Santo Domingo Suchitepéquez, a unos 180 kilómetros al sur de la capital.

Han sido 16 años “difíciles” porque “ningún presidente nos ha visitado”, se lamenta Marta, quien al frente de la organización Madre Tierra, a la que pertenecen unas 335 mujeres de esa comunidad, impulsa la educación, participación social, económica y productiva, además de planificación familiar.

Las 260 familias fueron las primeras en ser repatriadas de México a la costa sur, pero llevan 16 años en el olvido y claman por la ayuda del Estado para superar las condiciones de pobreza y marginación que padecen.

“Todo lo que tenemos ahora lo hemos hecho nosotros”, asegura Marta, aunque reconoce que el Gobierno de Alfonso Portillo (2000-2004) les construyó 160 casas.

Por la tierra en la que ni siquiera había un árbol, refiere, tuvieron que pagar casi 200.000 dólares con un préstamo, y luego cavaron pozos profundos para conseguir agua para el consumo y para poder cultivar maíz y fríjol para sobrevivir.

Con capacitación, también han podido sembrar algunas hierbas que utilizan como alimentos porque las verduras no se producen en la comunidad.

Una vez por semana consumen pollo de los que la comunidad también ha criado, “porque la carne (de res) es muy cara y no tenemos ingresos”.

Casi la mayoría de los habitantes de esa comunidad visten con ropa y calzado ya usada que llega desde Estados Unidos.

Los habitantes, dice, “tienen prohibido enfermarse” porque aún cuando fue construido un centro de salud, sólo llega un enfermero que les da receta y la medicina la tienen que ir a buscar a Tiquisate, que está como a una hora de distancia si van en autobús.

La principal fuente de ingreso, a través de intermediarios, es la venta de mango tommy (Magnifera indica lin var), que plantaron en 2000, y que en 2010 les generó unos 92.000 dólares que se repartieron en la comunidad, según su administrador, Nicolás Matías.

Los pobladores que logran cultivar maíz por medio de riego tienen que vender casi la mitad de su cosecha para dar fondos a Madre Tierra para que el resto de los habitantes también puedan comer.

Francisca García, con una familia de 11 personas, 7 de ellos hijos, recolectó 30 quintales de maíz, pero explicó a Acan-Efe que “tengo que vender un poco para dar 500 quetzales (65 dólares) a la asociación para ayudar a otras familias”.

En el patio de su casa ha plantado un huerto que sólo tiene una mata de cada producto: sábila, pepitoria, cebollín, orégano, apazote, cilantro, yuca, albahaca, chipilín, jenjibre, banano y nabo, entre otros.

“Me sirve para acompañar mis alimentos”, refiere, mientras en un neumático, que ha abierto por la mitad, hecha agua para una decena de gallinas que ha criado.

Según Marta, la única ayuda que ha recibido la comunidad en los 16 años que llevan asentados en La Guadalupe fueron unas bolsas de alimentos que les envió una organización no gubernamental internacional en 2010 para 85 familias, las cuales les alcanzaron para dos meses.

“Nos sentimos abandonados, no tenemos ningún apoyo del Gobierno”, se queja Marta, que a los 6 años de edad conoció los campamentos de refugiados en México a donde huyeron sus padres debido a la guerra interna.

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5h18kDExpIyNhsp1OfrPpwiEoWLlA?docId=1539103

Suman en Juárez 20 mil desplazados por violencia

Por: AGENCIA REFORMA/MÉXICO, DF.

Ante el clima de violencia que persiste en Ciudad Juárez, unas 20 mil personas originarias de esa localidad han cambiado su residencia a Estados Unidos, aseguró el alcalde Héctor Murguía Larrazabal.

“Por lo menos en Juárez nos falta escuelas, estadios, parques deportivos, todo y eso se debió a la gran cantidad de empleo que generamos en los últimos 40 años que no fue a la par del desarrollo social. “Hemos tenido algún éxodo en la zona de Juárez, calculamos que unas 20 mil personas están viviendo en El Paso Texas”, mencionó el funcionario.

El alcalde, de uno de los municipios donde se han aplicado al menos cuatro estrategias de seguridad distintas en los últimos años, afirmó que los índices delictivos de secuestro y homicidio van a la baja.

“Sin echar las campanas al vuelo tenemos que decir que los homicidios están disminuyendo, que nos sirva como un acicate para redoblar los esfuerzos… eso no significa que digamos que todo está bien; al contrario, hay que reforzar el trabajo conjunto entre todos los órganos de gobierno”, recalcó.

“Esto se debe a una coordinación efectiva entre el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal, a unos cambios que el gobernador César Duarte promovió en el Congreso del estado de Chihuahua particularmente aumentando las penas vitalicias para extorsionadores y secuestradores”.

Sin embargo, el alcalde de Ciudad Juárez dijo que aún persiste el cobro de piso, cantidades que los delincuentes obligan a pagar a dueños de negocios en la ciudad a cambio de que sigan operando sin ser víctimas de agresiones.

El edil dijo que se les apoya con un fondo estatal de cien millones de pesos a los huérfanos afectados por la violencia.

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/629485.suman-en-juarez-20-mil-desplazados-por-violen.html

 

El plan de Piñera para descomprimir la crisis de Hidroaysén

Mandatario apuesta a radicar discusión en el Congreso, mediante el debate del proyecto que creará la “carretera eléctrica pública”. En el oficialismo no son pocos a quienes les gustaría que esta crisis se convirtiera en un punto de inflexión para modificar el proceso de toma de decisiones en el gobierno.

por Ivonne Toro

 

El jueves 19 de mayo, Sebastián Piñera suspendió la visita que tenía programada a Iquique para el día siguiente. El viaje suponía regresar a Santiago después de la medianoche, y el Presidente pretendía llegar descansado a su segunda cuenta pública ante el Congreso pleno. Pero, además, el Mandatario quería monitorear la crisis desatada por la aprobación del proyecto HidroAysén, que había tenido su punto de inflexión el viernes 13, cuando 30 mil personas se congregaron en el centro de Santiago para protestar en contra de la iniciativa.

Ese jueves, en una reunión con su hija Magdalena, el jefe de contenidos del segundo piso, Ignacio Rivadeneira, y los ministros Joaquín Lavín y Evelyn Matthei, el jefe de Estado analizó el escenario político que se abría para La Moneda. Fue ahí que definió que en su discurso del 21 de mayo abordaría el tema mediante tres ejes: 1) fortalecimiento de la protección medioambiental, 2) la necesidad de generar electricidad, y 3) cambios en los sistemas de transmisión. Y que en ese contexto plantearía la idea de crear una “carretera eléctrica pública”. Una propuesta que, según reveló en esa cita, suponía sumar al Estado como un actor relevante en el negocio eléctrico y que sólo podría materializarse con un proyecto de ley.

El plan, que implica trasladar la discusión del controvertido tema al Congreso, fue afinado por Piñera entre el martes y jueves de esa semana. Y fue comunicado al biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne, quien en esos días se encontraba de vacaciones en Miami junto a su familia y que retornó al país en la madrugada del 21 de mayo.

La estrategia supone fortalecer el rol de la Comisión Asesora de Desarrollo Eléctrico. La entidad es presidida por Juan Antonio Guzmán -amigo desde hace años de Golborne- y se ha reunido en cuatro oportunidades. La apuesta de La Moneda es que en julio se entregue la propuesta de la “carretera eléctrica pública”, para que el proyecto comience su tramitación en el Congreso en agosto. El gobierno pretende que el proyecto estará aprobado a más tardar en marzo del 2012, antes de que la efervescencia de las elecciones municipales cope la agenda política.

En La Moneda admiten que la idea de llevar el debate al Congreso es “un experimento” de incierto resultado, pues los plazos políticos pueden ser demasiado largos si las protestas en las calles persisten. Además, no es posible predecir la actitud de los parlamentarios de la Concertación, que se han sumado a los opositores a la represa, pese a que el gobierno de Michelle Bachelet nunca dio señales para frenarlo y que el último abanderado presidencial del sector, el DC Eduardo Frei, se ha declarado favorable al proyecto.

En el gobierno se ha reforzado la convicción de que HidroAysén no sólo es necesario porque producirá alrededor de 2.350 MW/hora, sino porque también representa una opción menos contaminante que las centrales de carbón, las únicas alternativas al proyecto, ya que tanto la energía eólica como la solar siguen siendo inviables para suplir las necesidades energéticas del país . Sin embargo, también apuestan a que si el proyecto no prospera, los costos no sólo serán pagados en Palacio.

“(En el Congreso) se diluye la responsabilidad si el proyecto se aprueba… o si se cae”, señala un secretario de Estado, dando cuenta de un criterio que ya se maneja entre los asesores del segundo piso: dada la alta crispación social provocada por las cinco centrales que se construirán en los ríos Baker y Pascua, sólo será posible avanzar en la iniciativa si existe un acuerdo nacional.

Desde que partió de vacaciones a Europa el domingo 22, Piñera ha mandado correos todos los días a sus colaboradores para enterarse respecto de cómo avanza el debate por HidroAysén. También ha inquirido sobre el alcance de las manifestaciones sociales, que se condicen con sondeos de Palacio y con mediciones que reflejan el impacto que ha tenido en su propia figura, como el estudio del Centro de Encuestas La Tercera.

El Mandatario ha dado instrucciones precisas. Le pidió a la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, responder a su antecesora, Ana Lya Uriarte, cuando ésta deslindó responsabilidades de la administración Bachelet. También se ha contactado con Golborne y con Hinzpeter.

Con encuestas en mano, en el oficialismo y en el gobierno han analizado las causas que explican el fenómeno provocado a partir de la aprobación de HidroAysén. Junto a las teorías sociológicas -un descontento social reprimido por el terremoto del 2010- y económicas -que los avances del gobierno no son percibidos por los sectores de más bajos ingresos-, en los pasillos de La Moneda ha comenzado a surgir un análisis político, donde el foco está puesto en el proceso de toma de decisiones.

Varios personeros oficialistas coinciden en que en este caso se repitieron los errores que transformaron el alza del gas de Magallanes en una crisis política en enero pasado. Principalmente, se cuestiona la incapacidad de previsión, reflejada en que nadie alertó sobre la inconveniencia de que el comité de evaluación de impacto ambiental de Coyhaique aprobara el proyecto antes del 21 de mayo, opacando así el discurso presidencial.

En el oficialismo también coinciden en que hubo un diagnóstico errado al enfrentar a la oposición. Según este análisis, el apoyo que Frei y Ricardo Lagos habían dado en el pasado a la iniciativa abría la posibilidad de tratar el tema como política de Estado. Sin embargo, se optó por marcar diferencias, criticándolos por no haber tomado decisiones y subrayando que el actual gobierno se atrevía a enfrentar temas conflictivos.

Por último, se cuestiona la escasa socialización de las decisiones al interior del gobierno, la que, según este análisis, estaría gatillada por el excesivo “bilateralismo” entre el Presidente y sus ministros. En el gobierno hay quienes comparan el escenario actual con lo que significó el Transantiago para Michelle Bachelet y el caso MOP-Gate para Lagos. En el caso de la ex presidenta, tras enfrentar la mayor crisis de su gobierno, fue cada vez menos jefa de gobierno y cada vez más jefa de Estado, delegando responsabilidades en sus ministros. En el caso de Lagos, la controversia por el pago de sobresueldos implicó el surgimiento de un triunvirato conformado por el asesor Ernesto Ottone y los ministros José Miguel Insulza y Nicolás Eyzaguirre, que fue empoderado por el entonces presidente.

En el oficialismo no son pocos lo que aspiran a que HidroAysén gatille un cambio en el estilo de conducción de Piñera y una revisión en el proceso de toma de decisiones. Además de la excesiva centralización de los análisis y las decisiones en el Presidente, otro punto que se cuestiona es que el único ministro que aparezca empoderado sea Rodrigo Hinzpeter. Pero cualquier eventual cambio pasa por lo que resuelva el Mandatario, quien regresará a Chile a fines de la próxima semana.

http://diario.latercera.com/2011/05/28/01/contenido/reportajes/25-70598-9-el-plan-de-pinera-para-descomprimir-la-crisis-de-hidroaysen.shtml