Conflicto Georgia-Rusia/ Amnistía Internacional

AMNISTÍA INTERNACIONAL
COMUNICADO DE PRENSA

1 de octubre de 2008

Conflicto Georgia-Rusia: Seguridad para la población civil y rendición de cuentas para los gobiernos

Londres.- Mientras los observadores de la Unión Europea ocupan sus puestos en Georgia, la preocupación incesante por la seguridad, la existencia de artefactos no detonados del conflicto del 7 al 13 de agosto entre Georgia y Rusia y la destrucción en gran escala de bienes en algunas partes de la zona del conflicto siguen minando el derecho de decenas de miles de personas a regresar a sus hogares.

“Los tiroteos, los saqueos y los ataques de motivación étnica en Osetia del Sur y la ‘zona de seguridad’ adyacente controlada por Rusia están socavando el bienestar de los residentes que aún quedan en la zona y el derecho a regresar de las personas de etnia georgiana que huyeron de sus casas”, ha manifestado Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

“Las autoridades rusas y georgianas, y también el gobierno de facto de Osetia del Sur, deben hacer todos los esfuerzos posibles para garantizar la seguridad y prestar ayuda a todas las personas, sin discriminación. Quienes se vieron obligados a huir de sus casas deben poder regresar sin peligro, y quienes no puedan o no quieran hacerlo deben ser reasentados”, ha declarado Nicola Duckworth.

Los artefactos no detonados deben ser retirados con carácter de urgencia, y Amnistía Internacional pide a todas las partes del conflicto que desvelen toda la información sobre la munición utilizada.

Las misiones internacionales de observación, actualmente excluidas de Osetia del Sur, deben cubrir todas las zonas afectadas por el conflicto, deben incluir en sus mandatos la observación de los derechos humanos y deben informar públicamente de sus averiguaciones.

Centenares de civiles murieron y muchos más resultaron heridos durante el conflicto y después de él. Los bienes civiles, principalmente los pertenecientes a personas de etnia georgiana, fueron saqueados y destruidos.

La información reunida por Amnistía Internacional en visitas de investigación realizadas a la región en agosto de 2008, así como la procedente de otras fuentes, indica que todos los bandos pueden haber cometido violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos durante el conflicto e inmediatamente después de él.

“Los responsables de violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos deben comparecer ante la justicia. El derecho internacional lo establece así, y la paz y estabilidad a largo plazo en la región depende de ello”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Amnistía Internacional pide, por tanto, a las partes del conflicto que accedan a una misión completa de investigación –y pide a la comunidad internacional que la despliegue– que lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre todas las denuncias de violaciones graves de derechos humanos y del derecho humanitario perpetradas durante el conflicto.

“No debe permitirse que las necesidades actuales oculten la responsabilidad por lo sucedido en el pasado”, ha manifestado Nicola Duckworth.

Información complementaria
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unas 163.000 personas se vieron obligadas a huir de sus hogares: 127.000 se desplazaron dentro de la propia Georgia y 36.000 huyeron a la Federación Rusa. Desde que cesaron las hostilidades, según los informes, la gran mayoría de los habitantes de Osetia del Sur que huyeron a la Federación Rusa han podido regresar.

De las 127.000 personas que se calcula que se desplazaron dentro de Georgia, solamente unas 68.000 han podido regresar a sus casas, y se espera que otras 5.000 puedan hacerlo a finales de este año. También se espera que otras 23.000 puedan regresar en 2009. Sin embargo, el ACNUR ha advertido que 31.000 personas no podrán regresar en un futuro próximo. De ellas, unas 22.000 se desplazaron de Osetia del Sur, 8.000 de partes inaccesibles de la “zona de control”, y 1.000 de Abjasia.

Véase también:
Georgia-Russia conflict: Protection of civilians and accountability for abuses should be a priority for all, Índice AI: EUR 04/004/2008;
Council of Europe: Monitoring of the human rights impact of the Georgia-Russia conflict must continue, Índice AI: EUR 04/003/2008.

Nota a periodistas:
Antes de publicar un informe sobre sus averiguaciones, Amnistía Internacional también ha escrito a los gobiernos de Georgia y la Federación Rusa y al gobierno de facto de Osetia del Sur para pedir información adicional sobre las presuntas violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

/// FIN

Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional
Ángel Gonzalo o Carmen López
Telf., 91 310 12 77 ó 630 746 802

Documentos y comunicados de prensa
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La evidencia del uso indebido de armamento estadounidense refuerza la necesidad de imponer un embargo de armas

Israel y Territorios Ocupados (23-02-09)

El ministro Miguel Ángel Moratinos debe pedir mañana a la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, que EEUU suspenda la ayuda militar a Israel

Londres / Madrid.- Tanto Israel como Hamás han utilizado armas suministradas desde el extranjero para llevar a cabo ataques contra civiles, ha afirmado Amnistía Internacional al dar a conocer nuevas pruebas sobre las municiones empleadas en Gaza y el sur de Israel durante el conflicto que duró tres semanas. La organización ha pedido a la ONU que imponga un embargo total de armas.

“Las fuerzas israelíes emplearon fósforo blanco y otras armas suministradas por Estados Unidos para cometer crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. Cientos de niños y niñas, entre otros civiles, perdieron la vida como consecuencia de los ataques, que también causaron la destrucción masiva de viviendas e infraestructuras –afirmó Donatella Rovera, quien presidía la delegación de Amnistía Internacional que viajó al sur de Israel y Gaza en visita de investigación–. Al mismo tiempo, Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon cientos de cohetes introducidos de contrabando o fabricados en zonas civiles de Israel con piezas procedentes del extranjero. Aunque su capacidad letal es muy inferior a la del armamento empleado por Israel, el uso de estos cohetes ha causado la muerte de varios civiles y también constituye un crimen de guerra.”

Ya antes del conflicto de tres semanas, quienes armaron a los dos bandos tenían perfecto conocimiento del uso indebido del armamento que ambos hacían sistemáticamente. Por tanto, deben asumir su parte de responsabilidad en los abusos perpetrados con las armas que han suministrado y poner fin de inmediato a esas transferencias.

“Como principal proveedor de armas a Israel, Estados Unidos tiene la obligación especial de poner fin a todo suministro que contribuya a la comisión de violaciones graves de derechos humanos y de las leyes de la guerra. El gobierno de Obama debe suspender de inmediato la ayuda militar estadounidense a Israel” afirmó Malcolm Smart, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Oriente Medio y el Norte de África.

Estados Unidos es el principal proveedor de armas convencionales a Israel desde hace muchos años. En aplicación de un acuerdo de 10 años que expira en 2017, Estados Unidos suministrará ayuda militar a Israel por valor de 30.000 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un incremento del 25 por ciento con respecto al periodo anterior al gobierno de Bush.

“La ofensiva militar de Israel en Gaza se llevó a cabo en gran medida con armas, municiones y equipos militares suministrados por Estados Unidos y sufragados con el dinero de los contribuyentes estadounidenses” afirmó Malcolm Smart.

Al término de los enfrentamientos armados, la delegación de Amnistía Internacional encontró en Gaza múltiples fragmentos y piezas de municiones empleadas por el ejército israelí –muchas de ellas de fabricación estadounidense– esparcidos por patios de colegio, hospitales y viviendas de civiles. Entre los restos había carcasas de piezas de artillería y tanques, alerones de mortero y restos de misiles Hellfire, otros misiles aerotransportados y grandes bombas liberadas por F-16, así como fragmentos de fósforo blanco, sumamente incendiario, todavía en llamas.

La delegación encontró también restos de un nuevo tipo de misil que al parecer se lanza desde aviones teledirigidos, que libera gran cantidad de pequeños cubos metálicos de bordes afilados con una superficie de entre 2 y 4 milímetros cuadrados. Esta metralla fabricada con fines mortíferos es capaz de atravesar puertas metálicas de gran espesor y de incrustarse profundamente en un muro de hormigón, y está claramente diseñada para hacer el máximo daño posible.

En el sur de Israel, Amnistía Internacional pudo ver también los restos de cohetes Qassam, Grad y otra munición de efectos indiscriminados disparada por Hamás y otros grupos armados palestinos contra zonas civiles. Estas armas, más bien rudimentarias, se introducen clandestinamente de contrabando en Gaza o se construyen allí mismo a partir de componentes traídos en secreto del extranjero. No es posible dispararlos con precisión, y, aunque no son comparables al armamento desplegado por Israel, han causado la muerte o lesiones a varios civiles además de daños en propiedades civiles.

“Pedimos al Consejo de Seguridad de la ONU que imponga de inmediato un embargo total de armamento a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos hasta que se encuentren mecanismos eficaces para garantizar que las municiones y demás material militar no se utilizan para cometer violaciones graves del derecho internacional –afirmó  Malcolm Smart–. Además, todos los Estados deben suspender la transferencia de munición, equipo y ayuda militar a Israel, Hamás y otros grupos armados palestinos mientras exista un peligro considerable de que se cometan violaciones de derechos humanos con ellos. De haber un retorno a la normalidad como si nada hubiera ocurrido, las consecuencias para la población civil de Gaza e Israel serán previsiblemente demoledoras.”

España: Suspensión inmediata de todas las transferencias militares a Israel
El informe de Amnistía Internacional enumera todos los países que en mayor o menor cantidad han exportado armas a Israel en los últimos años, incluido España. Entre el 2004 y el 2007 las ventas españolas de material de defensa superaron los 2,2 millones de euros, situándose en el octavo exportador mundial de armas a este país. A esta cifra hay que sumar los más de 1,5 millones de euros vendidos en el primer semestre de 2008 según las estadísticas oficiales remitidas al Congreso de los Diputados.

En las últimas semanas el Gobierno español ha asegurado que las exportaciones de la primera mitad de 2008 corresponden a equipos posteriormente reexportados por Israel. Otras ventas anteriores se hicieron en el marco del programa de Defensa Eurofighter (avión de combate). Aunque la información adicional a las estadísticas de exportación de armas a Israel ofrecida por el Gobierno contribuye a la transparencia, este tipo de datos deberían estar incorporados en las estadísticas oficiales.

Por otra parte, y dada la situación de inestabilidad en Gaza y el sur de Israel, Amnistía Internacional sigue pidiendo al Gobierno español que no autorice exportaciones de armas españolas a este país y que a su vez apoye un embargo internacional de armas completo a todas la partes en conflicto.

Amnistía Internacional pide al ministro de asuntos exteriores Miguel Ángel Moratinos que mañana martes traslade a la secretaria de estado de EEUU Hillary Clinton una petición expresa para que EEUU revise sus acuerdos militares con Israel de cara a suspender todas las transferencias que contribuyen a graves violaciones de derechos humanos.

 

 

Para más información, pueden consultar:

• Informe “Fuelling conflict Israel-Gaza” (en inglés), Amnistía Internacional, febrero de 2009

 

• Datos y Cifras: venta de armas de España a Israel (2007 y 1er semestre 2008)

Categorías: Armas , Conflictos armados, Crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, España, Estados Unidos, Grupos armados de oposición, Homicidios indiscriminados, Israel y Territorios Ocupados, Oriente Próximo, Medio y Norte de Africa

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Más información
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Laurent Nkunda y Bosco Ntaganda deben comparecer ante la justicia

República Democrática del Congo (29-01-09)

Londres.- La detención de Laurent Nkunda debe ir seguida rápidamente de las medidas necesarias para procesarlo por crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la República Democrática del Congo, en un juicio con garantías y sin posibilidad de recurrir a la pena de muerte. Si ningún Estado lo hace, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) tiene competencia para iniciar él el procesamiento. Desde 2004, el Fiscal de la CPI investiga los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la República Democrática del Congo, especialmente en la región de Ituri, y ha pedido y conseguido órdenes de detención.

Laurent Nkunda, ex dirigente del grupo armado Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, fue detenido el 22 de enero y está recluido en un lugar no revelado de Ruanda. El gobierno ruandés debe aclarar de inmediato bajo qué acusaciones y en qué circunstancias retiene a Laurent Nkunda, anunciar qué piensa hacer para garantizar su procesamiento en un juicio justo en el que los testigos reciban una protección real, y garantizar que sus derechos son plenamente respetados.

La ONU y organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, han acusado a miembros del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo y otros grupos armados previos dirigidos por Laurent Nkunda de crímenes de guerra y otros graves abusos contra los derechos humanos, como el reclutamiento y uso de niños y niñas como soldados, la comisión de homicidios ilegítimos y la violación sistemática de mujeres y niñas. En septiembre de 2005, las autoridades de la República Democrática del Congo dictaron contra Nkunda una orden de detención por crímenes de guerra y de lesa humanidad, así como por insurrección. A pesar de estas múltiples acusaciones, Laurent Nkunda pudo circular libremente durante muchos años entre su base en el este de la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda.

Aunque cabe la posibilidad de que Laurent Nkunda sea extraditado de Ruanda a la República Democrática del Congo, no es probable que sea juzgado con garantías en este país, cuyo sistema de justicia penal se caracteriza por la falta de independencia de la judicatura –especialmente en los tribunales militares, ante los que sería juzgado– la tortura y los malos tratos bajo custodia, unas condiciones de reclusión inhumanas y las detenciones prolongadas sin juicio. Además, testigos y abogados no reciben la protección adecuada y es habitual que sean amenazados y agredidos. La República Democrática del Congo sigue conservando la pena de muerte en su legislación. El gobierno congoleño debe resolver las deficiencias que desde hace largo tiempo presenta su sistema judicial y que impiden el procesamiento eficaz de presuntos criminales de guerra ante sus tribunales nacionales.   

La súbita caída de Laurent Nkunda contrasta con el auge de Bosco Ntaganda, el nuevo dirigente del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo y antiguo jefe de Estado Mayor de Laurent Nkunda, que ahora parece disfrutar de la plena confianza de las autoridades congoleñas y ruandesas. En agosto de 2006, la Corte Penal Internacional dictó una orden de detención secreta contra Bosco Ntaganda, que hizo pública el 28 de abril de 2008, por el crimen de guerra de reclutar y utilizar como soldados a niños y niñas en la región de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo, entre julio de 2002 y diciembre de 2003. También, según los informes, dirigió a los combatientes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo que mataron a decenas de civiles en Kiwanja, en Kivu Septentrional (provincia oriental de la República Democrática del Congo) los días 4 y 5 de noviembre de 2008.   

El gobierno de la República Democrática del Congo tiene la obligación legal de detener y entregar a toda persona cuyo nombre aparezca en una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el 16 de enero, poco después de haber anunciado el derrocamiento de Laurent Nkunda como jefe del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo, Bosco Ntaganda apareció públicamente en Goma, junto con el ministro del Interior de la República Democrática del Congo, Célestin Mbuyu Kabango, y otros altos cargos militares, declarando el final de la rebelión del grupo y ofreciendo sus fuerzas para la operación militar conjunta de los gobiernos congoleño y ruandés contra el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR). James Kabarebe, el jefe del Estado Mayor de Ruanda, también estuvo presente en el acto.
 
De nuevo se ha sacrificado la justicia en interés de la conveniencia política y militar de la República Democrática del Congo. Hay otros presuntos autores de crímenes de guerra y de lesa humanidad que actualmente ocupan importantes puestos en el ejército y la policía congoleños. La impunidad persistente es una de las principales razones por las que en la República Democrática del Congo siguen cometiéndose crímenes de guerra y de lesa humanidad a gran escala. Esta situación no acabará hasta que los gobiernos de la región y la comunidad internacional demuestren que están claramente dispuestos a poner en manos de la justicia a todos los responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad.   

 

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