Informe sobre Racismo en España
Amnistía Internacional denuncia el desinterés de las autoridades frente
al racismo y la xenofobia
La organización propone la adopción de un Plan integral
para combatir la discriminación racial
Madrid.- El pleno disfrute de los derechos humanos sin ningún tipo de
discriminación es un principio fundamental. Sin embargo las autoridades
españolas abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la
xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha
sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década.
Esta es la principal conclusión del Informe “Entre la desgana y la
invisibilidad” elaborado por Amnistía Internacional sobre Políticas del
Estado español en la lucha contra el racismo.
España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el
Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que
entró en vigor el 1 de febrero de 2008. Según Naciones Unidas, España
es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de
explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus
víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil,
Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.
Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional: “Esta desgana
aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la
no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la
discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada
trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la
existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados
inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto
Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de
organismos especializados de lucha contra el racismo y la
discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan
integral de lucha contra el racismo”.
El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la
xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no
publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos
racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para
abordar esta situación”, sugiere Beltrán.
Persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos
de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las
distintas fuerzas de seguridad. En lo que se refiere a agresiones
protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas
inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe
RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial
2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales.
Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la
comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un
escenario de prejuicios y rechazo. Cuatro de cada diez entrevistados
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que
les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia
gitana.
En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban
de algún modo la delincuencia con la inmigración.
Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en
España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la
magnitud del problema. Es alarmante la falta de registro y análisis de
datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o
delitos racistas. La ausencia de órganos independientes de
investigación muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión.
El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había
encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006,
se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de
discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.
La comunidad gitana está olvidada
La Fundación Secretariado Gitano cifra en 700.000 el número de personas
gitanas de nacionalidad española residentes en el país. La
discriminación racial que padece esta comunidad es el legado de siglos
de persecución que, a pesar de la teórica igualdad alcanzada en el
plano legislativo, pervive en situaciones como el desempleo, el analfabetismo
o el acceso a los servicios públicos de salud, vivienda y educación,
entre otros.
España no ha puesto en marcha las medidas específicas que los gobiernos
pueden usar para elaborar una estrategia de amplio alcance que mejore
la situación de la comunidad gitana propuestas tanto por el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, como la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de
Europa.
La administración de justicia también muestra desgana
A pesar de las disposiciones penales contra el racismo y la
discriminación racial que están en vigor, el desinterés también se
aprecia en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía
General del Estado.
Apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación
con un componente racista debido a la dificultad probatoria de estos
delitos, el temor a ser objeto ser objeto de represalias, a que se
inicie un expediente de expulsión, y a la desinformación generalizada
sobre los derechos y mecanismos disponibles, así como a la desconfianza
en el sistema. Es más, cuando se dan denuncias alegando este componente
racista, en raras ocasiones es tenido en cuenta por los tribunales.
Atajar esta situación también debe ser una tarea prioritaria de las
autoridades.
El proyecto Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de
discriminación en territorio español, detectó que en el 80% de los
casos documentados no se presentó ninguna denuncia y en los que sí hubo, en
ninguno se expidió sentencia favorable a la víctima. Además, una
investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos
en los que, entre el año 1996 a 2005, se había aplicado la agravante
por motivos racistas por parte de Juzgados de Instrucción, Audiencias
Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. El
resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación
racial y sólo en seis casos sé aplicó finalmente.
Propuesta: Plan integral para combatir todas las formas de racismo
En 2007, sólo había cinco países en la UE que no habían puesto en
marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial:
Alemania, Luxemburgo, República Checa, Malta y España. Otra muestra más
del escaso interés de las autoridades por abordar esta situación, a
pesar de ser una recomendación de la Conferencia Mundial contra el
Racismo (Sudáfrica , 2001) asumida por España.
El Partido Socialista Obrero Español, en su Programa Electoral, asumió
el compromiso de desarrollar un Plan estatal para combatir el racismo.
Amnistía Internacional propone al Gobierno la puesta en marcha de dicho
plan, que debería incluir:
· Medidas de carácter político, social, educativo o de
sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y la intolerancia en el lugar de trabajo, en su acceso a
la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda o a locales de
entretenimiento.
· Las recomendaciones europeas para combatir la discriminación de la
población gitana.
· Medidas específicas para luchar contra la discriminación múltiple
que sufren las mujeres (gitanas, inmigrantes) y los menores extranjeros
no acompañados.
· Medidas para prevenir la tortura y los malos tratos, así como
manifestaciones ligadas al racismo, en las fuerzas de seguridad y la
administración de justicia.
Algunas medidas positivas, pero insuficientes
Entre las medidas adoptadas por los Gobiernos españoles en los últimos
años para abordar la lucha contra el racismo destaca la creación en
2003 del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Sin embargo, este
organismo, aunque ha hecho públicos los resultados de algunas encuestas
de opinión, no ha publicado datos que permitan percibir la evolución de
las tendencias racistas o xenófobas mediante la recopilación y análisis
de datos referidos a casos reales.
También en 2003 se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico
(Consejo de Igualdad de Trato). No obstante, su composición,
competencias y régimen de funcionamiento no se reguló hasta noviembre
de 2007 y aún no se ha constituido.
Por otro lado, en febrero de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, uno de cuyos
objetivos es “luchar contra las diversas manifestaciones de la
discriminación, el racismo y la xenofobia en todos los campos de la
vida social, tanto en el ámbito público como en el privado”. Este Plan
reconoce que, a pesar de la existencia de conductas discriminatorias,
no se han diseñado programas de apoyo a las víctimas de discriminación y
asume también que la carencia de un sistema de recogida y análisis de
datos no alcanza sólo a los relativos a actos violentos, sino que no se
hace un seguimiento de las denuncias por discriminación y de las
sentencias que se producen en este campo.
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Para más información: Carmen López o Ángel Gonzalo, gabinete de prensa
de Amnistía Internacional. Tfnos. 91 310 12 77 ó 630 74 68 02.
www.es.amnesty.org
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