Amnistía Internacional denuncia racismo en España

Informe sobre Racismo en España

Amnistía Internacional denuncia el desinterés de las autoridades frente
al racismo y la xenofobia

La organización propone la adopción de un Plan integral
para combatir la discriminación racial

Madrid.- El pleno disfrute de los derechos humanos sin ningún tipo de
discriminación es un principio fundamental. Sin embargo las autoridades
españolas abordan con desinterés el fenómeno del racismo y la
xenofobia, en un país con una importante comunidad gitana, que tradicionalmente ha
sido marginada, y ante el aumento de la inmigración en la última década.
Esta es la principal conclusión del Informe “Entre la desgana y la
invisibilidad” elaborado por Amnistía Internacional sobre Políticas del

Estado español en la lucha contra el racismo.

España está entre los únicos 10 Estados que no han ratificado el
Convenio Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos, que
entró en vigor el 1 de febrero de 2008. Según Naciones Unidas, España
es uno de los diez países europeos con una mayor incidencia de casos de
explotación sexual a mujeres y niñas extranjeras. La mayoría de sus
víctimas son mujeres de entre 18 y 25 años provenientes de Brasil,
Bulgaria, Colombia, Ecuador, Nigeria, Ucrania, Rusia o Rumania.

Para Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional: “Esta desgana
aleja a España de sus obligaciones internacionales y se refleja en la
no ratificación de al menos diez tratados internacionales contra la
discriminación de inmigrantes y personas gitanas; la inadecuada
trasposición de directivas comunitarias obligatorias sobre racismo; la
existencia de leyes, como la de Extranjería, con artículos declarados
inconstitucionales al considerarse discriminatorios por el Alto
Tribunal; la creación tardía con competencias insuficientes de
organismos especializados de lucha contra el racismo y la
discriminación y la falta de voluntad política motivada por la ausencia de un Plan
integral de lucha contra el racismo”.

El racismo existe, aunque no haya datos oficiales
España está a la cola de Europa en el combate contra el racismo y la
xenofobia. Según la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión
Europea (UE), España es uno de los cinco estados miembros que no
publica datos oficiales sobre denuncias o procesos penales relativos a delitos
racistas. “La invisibilidad debe subsanarse como primera medida para
abordar esta situación”, sugiere Beltrán.

Persisten los incidentes racistas a manos de particulares y los casos
de malos tratos o torturas con componente racista por parte de las
distintas fuerzas de seguridad. En lo que se refiere a agresiones
protagonizadas por grupos racistas dirigidas contra personas
inmigrantes, indigentes, homosexuales o prostitutas, según el informe
RAXEN (Red Europea de Información Sobre Racismo y Xenofobia) Especial
2006, la cifra superaría las 4.000 agresiones anuales.

Los datos sobre la percepción que tiene la población española sobre la
comunidad gitana y sobre el fenómeno de la inmigración dibujan un
escenario de prejuicios y rechazo. Cuatro de cada diez entrevistados
por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en 2005 reconocían que
les molestaría mucho o bastante tener como vecinos a una familia
gitana.
En el último informe sobre España de la Comisión Europea contra el
Racismo y la Intolerancia (ECRI) de 2006, seis de cada diez asociaban
de algún modo la delincuencia con la inmigración.

Amnistía Internacional denuncia la invisibilidad de este problema en
España ya que no existen datos oficiales que permitan conocer la
magnitud del problema. Es alarmante la falta de registro y análisis de
datos sobre el racismo y la xenofobia y sobre incidentes racistas o
delitos racistas. La ausencia de órganos independientes de
investigación muestran la falta de voluntad política para conocer su dimensión.

El primer informe sobre racismo y xenofobia de la Agencia de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea del 2007, revelaba que no había
encontrado ningún dato que permitiese afirmar que, durante el año 2006,
se hubiese impuesto una sola sanción o compensación por casos de
discriminación étnica en catorce países de la Unión, incluida España.

La comunidad gitana está olvidada
La Fundación Secretariado Gitano cifra en 700.000 el número de personas
gitanas de nacionalidad española residentes en el país. La
discriminación racial que padece esta comunidad es el legado de siglos
de persecución que, a pesar de la teórica igualdad alcanzada en el
plano legislativo, pervive en situaciones como el desempleo, el analfabetismo
o el acceso a los servicios públicos de salud, vivienda y educación,
entre otros.

España no ha puesto en marcha las medidas específicas que los gobiernos
pueden usar para elaborar una estrategia de amplio alcance que mejore
la situación de la comunidad gitana propuestas tanto por el Comité para la

Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas, como la
Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de
Europa.

La administración de justicia también muestra desgana
A pesar de las disposiciones penales contra el racismo y la
discriminación racial que están en vigor, el desinterés también se
aprecia en las actuaciones de las autoridades judiciales y la Fiscalía
General del Estado.

Apenas hay denuncias en los tribunales sobre ataques o discriminación
con un componente racista debido a la dificultad probatoria de estos
delitos, el temor a ser objeto ser objeto de represalias, a que se
inicie un expediente de expulsión, y a la desinformación generalizada
sobre los derechos y mecanismos disponibles, así como a la desconfianza
en el sistema. Es más, cuando se dan denuncias alegando este componente
racista, en raras ocasiones es tenido en cuenta por los tribunales.
Atajar esta situación también debe ser una tarea prioritaria de las
autoridades.

El proyecto Acción contra la Discriminación, que analiza 612 casos de
discriminación en territorio español, detectó que en el 80% de los
casos documentados no se presentó ninguna denuncia y en los que sí hubo, en
ninguno se expidió sentencia favorable a la víctima. Además, una
investigación de la Universidad de Valencia analizó el número de casos
en los que, entre el año 1996 a 2005, se había aplicado la agravante
por motivos racistas por parte de Juzgados de Instrucción, Audiencias
Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo. El
resultado indicó que únicamente en 14 casos se alegó discriminación
racial y sólo en seis casos sé aplicó finalmente.

Propuesta: Plan integral para combatir todas las formas de racismo
En 2007, sólo había cinco países en la UE que no habían puesto en
marcha un organismo nacional de lucha contra la discriminación racial:
Alemania, Luxemburgo, República Checa, Malta y España. Otra muestra más
del escaso interés de las autoridades por abordar esta situación, a
pesar de ser una recomendación de la Conferencia Mundial contra el
Racismo (Sudáfrica , 2001) asumida por España.

El Partido Socialista Obrero Español, en su Programa Electoral, asumió
el compromiso de desarrollar un Plan estatal para combatir el racismo.
Amnistía Internacional propone al Gobierno la puesta en marcha de dicho
plan, que debería incluir:
·   Medidas de carácter político, social, educativo o de
sensibilización para luchar contra el racismo, la discriminación
racial, la xenofobia y la intolerancia en el lugar de trabajo, en su acceso a
la sanidad, educación, prestaciones sociales, a la vivienda o a locales de
entretenimiento.
·    Las recomendaciones europeas para combatir la discriminación de la
 población gitana.
·    Medidas específicas para luchar contra la discriminación múltiple
que sufren las mujeres (gitanas, inmigrantes) y los menores extranjeros
 no acompañados.
·    Medidas para prevenir la tortura y los malos tratos, así como
manifestaciones ligadas al racismo, en las fuerzas de seguridad y la
administración de justicia.

Algunas medidas positivas, pero insuficientes
Entre las medidas adoptadas por los Gobiernos españoles en los últimos
años para abordar la lucha contra el racismo destaca la creación en
2003 del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia. Sin embargo, este
organismo, aunque ha hecho públicos los resultados de algunas encuestas
de opinión, no ha publicado datos que permitan percibir la evolución de
las tendencias racistas o xenófobas mediante la recopilación y análisis
de datos referidos a casos reales.

También en 2003 se creó el Consejo para la Promoción de la Igualdad de
Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico

(Consejo de Igualdad de Trato). No obstante, su composición,
competencias y régimen de funcionamiento no se reguló hasta noviembre
de 2007 y aún no se ha constituido.

Por otro lado, en febrero de 2007 el Consejo de Ministros aprobó el
Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010, uno de cuyos
objetivos es “luchar contra las diversas manifestaciones de la
discriminación, el racismo y la xenofobia en todos los campos de la
vida social, tanto en el ámbito público como en el privado”. Este Plan
reconoce que, a pesar de la existencia de conductas discriminatorias,
no se han diseñado programas de apoyo a las víctimas de discriminación y
asume también que la carencia de un sistema de recogida y análisis de
datos no alcanza sólo a los relativos a actos violentos, sino que no se
hace un seguimiento de las denuncias por discriminación y de las
sentencias que se producen en este campo.
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Para más información: Carmen López o Ángel Gonzalo, gabinete de prensa
de Amnistía Internacional. Tfnos. 91 310 12 77 ó 630 74 68 02.
www.es.amnesty.org

EL GRAN NEGOCIO DE LA PÍLDORA DEL DÍA DESPUÉS

Hace unas semanas me llamó el Dr. Enrique Flores. Un amigo suyo le había sugerido contactar con Population Research Institute. El Dr. Flores acababa de ser suspendido como Decano Regional del Colegio Médico del Callao. La directiva provenía del Decano del Colegio Médico del Perú, Dr. Amador Vargas Lo destituyeron por la única razón de Querer debatir el tema de la llamada “Anticoncepción Oral de Emergencia” o “Píldora del Día Siguiente”.. El argumento era que el Colegio Médico ya se había pronunciado en el tema en Diciembre del 2003 avalado por la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia.

¿Cuál era la prueba de este supuesto desacato? Un documento de trabajo que el Dr. Flores circuló entre varios cuerpos médicos de hospitales del Callao con citas de estudios médicos del 2004 en adelante mostrando entre otras cosas que no había consenso en la medicina actual acerca del efecto antimplantatorio. Llama poderosamente la atención que en el pronunciamiento del Colegio Médico del 2003 en referencia se afirma que está demostrado que no existe tal efecto pero no se cita ningún estudio científico.

Nos comentaba el Dr. Flores que conocía la información que ofrece actualmente la Food and Drug Administration (FDA) sobre Levonorgestrel 0.75 mg. y que a su vez está contenida en todos los insertos del producto a nivel mundial. Lógicamente como cualquier médico peruano conocía la farmacodinamia del Levonorgestrel y sabía que modificar la opinión de la FDA como entidad de referencia en farmacología a nivel mundial requería no de un estudio sino de muchos y en varios miles de pacientes. Y sabía además que actualmente eso estaba muy lejos de suceder. Por eso pensó que lo mejor era debatir y cambiar información y experiencias entre colegas.

Lo que no entendía el Dr. Flores era la cerrada e irracional defensa de un argumento que contradecía a la FDA. En el gremio médico se sabe muy bien cómo a veces el marketing farmacéutico exagera las bondades de una droga. Eso es normal pero esto iba un poco más allá. Es inverosímil suponer que estos médicos peruanos creyeran tener un mayor nivel científico que la FDA. Su intuición lo llevaba a pensar en que habrían otros intereses. Nos pidió información al respecto y esto fue lo que le ofrecimos.

Las cifras de la “AOE”
En el Perú, la “AOE” (Levonorgestrel 0.75 mg) viene vendiendo anualmente 2.2 millones de dólares (ver cuadro 1) (1) Se observa un crecimiento de todo el mercado de productos anticonceptivos hormonales y esto se debe a un menor abastecimiento del sector público. Para algunos analistas, luego de una concientización y de reparto subvencionado de anticonceptivos por años, se estaría acabando el efecto de la “muestra gratis”. Estaríamos entrando a la etapa donde como país ya empezamos pagar por el producto, digamos el negocio por el que alguien invirtió.

Fuente: Ventas reportadas en farmacias y hospitales

Cuadro 1

Este crecimiento explosivo de las ventas de “AOE” supera comparativamente al incremento de ventas de píldoras anticonceptivas convencionales y de inyectables. Incluso si analizamos la participación de mercado de cada de estos segmentos se puede ver cómo la “AOE” viene desplazando al uso de la píldora combinada convencional. Hace 3 años, desde Agosto 2002 a Julio 2003, 59% de este mercado lo constituían las píldoras convencionales y sólo el 22% era “AOE”. En los últimos 12 meses registrados, de Agosto 2005 a Julio 2006, las píldoras convencionales han disminuido a 51% del mercado mientras la “AOE” se ha incrementado hasta a llegar a 28%.

En número de unidades vendidas, está figura se percibe aún más claramente. Dado que finalmente nos interesa saber cuánta gente está consumiendo cada método. En un lapso de 3 años, las píldoras convencionales han pasado de tener el 62% de las unidades vendidas a sólo el 48%. Mientras que la “AOE” ha subido de 19% a 31% de las unidades vendidas en el mercado de métodos hormonales en el Perú.

AOE está desplazando a otros métodos …

Gráfico 1

Gráfico 2

La eficacia de la AOE es casi la de un placebo
Los promotores de la AOE nos han vendido la idea que lo suyo es una prioridad en salud pública. ¡Cómo si nuestros hospitales estuvieran abastecidos de vacunas y antibióticos y equipados convenientemente! ¡Cómo si médicos y personal de atención en salud estuviera bien pagado y adecuadamente capacitado! (Y así la lista de carencias puede crecer tremendamente) Para ellos que el Estado gaste en “AOE” es fundamental. Sin embargo, nadie ha reparado lo caro que resulta ser la “AOE” en función de su eficacia.

La página web del Ministerio de Salud del Perú como la mayoría de la literatura de los comercializadores de la “AOE” señalan que Levonorgestrel 0.75 mg tomado dentro de las 72 horas posteriores a una relación sexual supuestamente fértil tiene una eficacia de 75%. Dicen textualmente que “Previene tres de cada cuatro embarazos. La posibilidad de un embarazo después de un coito sin protección es 8% pero cuando se usa la AOE se reduce al 2%. La efectividad tiene un promedio de 74%,… (2) Pero… ¡Cuidado! Esta es una “verdad” a medias.

¿Qué es lo que no dicen? Lo que no explican es que de cada 100 mujeres que compran y toman la “AOE” sólo el 6% evita un embarazo a causa de la “AOE”. 92 de cada 100 mujeres nunca iban a quedar embarazadas y 2 quedarían embarazadas a pesar de tomarla. Es decir, 94% de las veces es un gasto inútil para las usuarias. Será muy útil por supuesto para el negocio de sus fabricantes y comercializadores.

Gráfico 3

Cabe señalar que este es un cálculo, un manejo teórico, concediendo que todas estas mujeres siguen las indicaciones recomendadas. Pero el porcentaje de gasto inútil podría incrementarse si consideramos que algunas mujeres puedan haber tomado la “AOE” sin tener relaciones en su periodo fértil o algunas hicieron tomas repetitivas en un mismo ciclo menstrual. ¿Cuánto podría llegar a ser esta “tasa de ineficacia”? ¿95%? ¿96%?

En resumen: desde su aparición en el mercado peruano hasta el 31 de Julio del 2006, en el Perú se han vendido 1`137,490 dosis de “AOE” por lo que 1`069,241 dosis (94%) o más fueron consumidas en vano.

En razón de su mínima eficacia y alto costo nos preguntamos: ¿Se justifica como medida de salud pública en un país pobre cuyo Ministerio de Salud vive angustias para cubrir necesidades más básicas para el pueblo? Por otro lado, hablando del sector exclusivamente comercial, ¿este recorte deliberado de información no merece una sanción por parte de entidades de protección al consumidor? A este recorte de información sobre la eficacia se le podrían agregar otros como por ejemplo los relacionados a su mecanismo de acción y a los de múltiples y severos efectos adversos.

¿Quiénes son los que pierden con la “AOE”?
• Los consumidores: Que raramente obtienen aquello por lo que están pagando y quienes sufren un recorte de información muy importante.
• Las mujeres. Que sufren los efectos adversos por casi ningún beneficio. Sobre todo de las adolescentes a quienes está dirigido el marketing de los laboratorios farmacéuticos. (3)
• El país: Porque se destina recursos a la “AOE” que no reduce los embarazos en adolescentes ni las tasas de aborto (4). Al contrario se generan otros problemas de salud, como por ejemplo una mayor incidencia de embarazos ectópicos, por los que fabricantes ni comercializadores responden.

¿Quiénes son los que ganan con la “AOE”?
Obviamente aquellos que la fabrican y la comercializan. Lo veremos con detalle en un siguiente boletín.

NOTAS:

(1)Este monto corresponde a la venta llamada ex fabrica, es decir, lo que factura el laboratorio farmacéutico a la distribuidora. NO están incluidos el margen de utilidad de la distribuidora ni el de la farmacia que puede incrementar esta cifra en un 50% y que resulta en lo que pagan los consumidores.
(2)http://www.minsa.gob.pe/portal
(3)Sobre el particular tenemos un excelente testimonio de un joven empleado del laboratorio Tecnofarma en Ecuador que tuvo que renunciar a su empleo para no promocionar “AOE” y cuenta como eran los materiales promocionales. El reporte completo lo puede ver en http://www.lapop.org content/view/21/5/
(4)Existe un estudio realizado en Escocia que así lo demuestra que lo puede ver citado en http://www.tercerefecto.com/mazzetti/contradiccion10.php Cuando los defensores de la “AOE” afirman lo contrario, no presentan ningún estudio científico. Ellos se basan sólo en un supuesto que no pasa de ser un discurso ideológico sin ninguna constatación empírica seria.

http://www.lapop.org/content/view/88/22/

Trabajadores llaman a movilizarse

LANACION.CL

Trabajadores llaman a movilizarse

Por Carlos González / Cecilia Yáñez

Una gran manifestación se prepara para este 22 de abril. En la espera 
y para ir calentando motores, las organizaciones sociales y los 
trabajadores coordinan las siguientes acciones. Ahora la CUT y la ANEF
hicieron un llamado a sus bases para participar y rechazar el fallo 
del Tribunal Constitucional.

Funcionarias del Ministerio de Salud caminando hasta el frontis del 
edificio del Tribunal Constitucional (TC). Decenas de mujeres 
trabajadoras de la Tesorería General en la calle durante diez minutos 
para demostrar su descontento con el fallo que prohíbe la píldora de 
anticoncepción de mujeres.

La escena se repitió en varias oficinas del sector público. Es que son
varios los grupos de trabajadores que decidieron hacer un alto en su 
trabajo diario y hacer caso a los correos y cadenas que llaman a 
movilizarse y manifestar su rechazo a la decisión que tomó el TC.

Y todavía se esperan más acciones. Ayer la Central Unitaria de 
Trabajadores de Chile (CUT) llamó a los chilenos y chilenas a 
movilizarse.

Su presidente, Arturo Martínez, y la vicepresidenta de la Mujer, María
Rozas, junto con señalar que la decisión es “retrógrada y que atenta 
contra el derecho y la libertad de las personas” dijeron que en el 
último congreso de la multisindical dos mil dirigentes entregaron su 
rechazo.

“Llamamos a todos los y las trabajadores a informarse y movilizarse 
para rechazar esta medida arbitraria que no reconoce el derecho y la 
libertad de las personas”, dijo Martínez.

La ANEF también invitó a los trabajadores. En la última asamblea 
realizada la semana pasada, la entrega de la píldora del día después 
fue uno de los temas que se trataron.

Allí, el directorio nacional, las directivas regionales, provinciales 
acordaron por unanimidad solidarizar con las mujeres de Chile “por el 
atropello en sus derechos por un Tribunal Constitucional 
antidemocrático”.

En esa reunión también se señaló que se acompañará a las mujeres y 
jóvenes “en todas las manifestaciones” en forma activa.

NUEVAS PROTESTAS

El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, dijo a La Nación que el 
TC no constituye una instancia de credibilidad para los trabajadores 
dado su origen en la Constitución de 1980. A su juicio, el fallo es 
perjudicial sobre todo para los trabajadores de más bajos ingresos.

“Participaremos en todas las medidas de movilización que se avecinan. 
La próxima semana haremos otras actividades para culminar con una gran
marcha con el resto de las organizaciones el próximo 22 de abril”, día
en que se dará a conocer el fallo en forma oficial.

Hasta ese día, agrupaciones del ámbito de la salud, universitarios, 
funcionarios de organismos del Estado, trabajadores, colegios 
profesionales, estudiantes secundarios, ONGs y otros grupos ya están 
preparando nuevas manifestaciones en distintos lugares del país y una 
gran protesta.

De la Puente insistió en que existen alianzas con otras organizaciones
sociales y junto a ellas están dispuestos a realizar y apoyar acciones
más fuertes. “Creemos que este Tribunal Constitucional” debe ser 
ratificado y debe también la Constitución Política reformarse”.

ACCIÓN RUIDOSA

Ayer, el llamado era a protestar con bulla. Puntualmente a las 13 
horas trabajadores, en su mayoría mujeres, hicieron una pausa y 
salieron a la calle con una ruidosa expresión.

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Salud (Afuminsal) 
realizó una manifestación que se extendió por más de 20 minutos. Los 
funcionarios bajaron hasta el primer piso del ministerio con pitos, 
challas y pancartas para luego dirigirse al frontis del Tribunal 
Constitucional (TC), organismo que resolvió prohibir la entrega del 
anticonceptivo de emergencia en consultorios.

La movilización motivó la inmediata llegada de carabineros de la 
Primera Comisaría a resguardar la manifestación, aunque no fue 
necesaria su intervención como hace algunos días, cuando una protesta 
frente al TC terminó con una veintena de detenidos.

La presidenta de la Afuminsal, Silvia Riquelme, explicó que la 
manifestación, que se extendió a otras reparticiones públicas como el 
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), se originó porque es 
impresentable que se prohíba la píldora para algunos, los más pobres, 
pero no para los que tienen recursos.

“Nosotros somos funcionarios de salud que convivimos cada día con la 
población y sobre todo con la más pobre. Vamos a continuar con esta 
actividad y muchas otras manifestaciones hasta que en definitiva se 
revoque la decisión del tribunal”, dijo.

Hepatitis C – ¿Cómo se contagia?

¿Cómo se contagia?

Se conocen muchas, aunque no todas las posibles vías de contagio de la hepatitis C. Algunos pacientes son diagnosticados y no tienen ningún antecedente que justifique el contagio, por lo que se supone que existen vías de infección diferentes de las nombradas, y que no han podido ser demostradas hasta el momento.

• Transfusiones sanguíneas: en la actualidad es una vía de contagio poco frecuente por los controles a los que se somete a la sangre utilizada para dichas transfusiones. Sin embargo, existen muchos pacientes que contrajeron la enfermedad mediante esta vía cuando no se había descubierto el virus ni había forma de detectarlo (antes de 1990). Existe un periodo denominado ‘ventana’, desde que te contagias hasta que desarrollas anticuerpos (que es lo que detectan los análisis), en el que se pasaría por alto el diagnóstico de una hepatitis. Para reducir el riesgo, se hace a los pacientes una encuesta sobre factores de riesgo de modo que si existe duda de que haya podido contagiarse, su sangre no se acepta.

• Compartir jeringuillas: los pacientes adictos a drogas por vía parenteral y las personas que fueron tratadas con inyecciones en la época en la que se usaban jeringuillas no desechables pueden contagiarse de la hepatitis C. En la actualidad, en nuestro país el colectivo de los usuarios de drogas es uno de los más afectados por la enfermedad. El personal sanitario puede contagiarse con un pinchazo accidental.

• Los tatuajes y ‘piercing’ pueden ser causa de infección si no se usan materiales desechables o no se tienen las medidas higiénicas adecuadas. La persona que hace el ‘piercing’ debe utilizar guantes y lavarse las manos después de cada trabajo.

• Vía sexual: mantener relaciones sexuales no suele ser una causa frecuente de contagio. Existen algunas relaciones de más riesgo, como son las de carácter homosexual (si existen erosiones anales). También aumenta el riesgo de contagio si la persona afectada o su pareja tienen una enfermedad de transmisión sexual concomitante: la infección por VIH aumenta el riesgo de contagio, así como la gonorrea o la infección por clamidia. Durante la menstruación se desaconsejan las relaciones sexuales por la presencia de sangre.

• Vía materno-fetal: los hijos de las madres afectadas pueden contagiarse. El riesgo de transmisión es del 2% y se incrementa al 4-7% para los hijos de madres con RNA positivo en el momento del parto. También depende, en parte, de que existan otras infecciones asociadas o de lo traumático del parto. Se puede contagiar en cualquier momento del embarazo pero parece más frecuente en el momento del parto.

Compartir cepillos de dientes o maquinillas de afeitar puede poner en contacto la sangre de un paciente infectado con la de uno no infectado y éste podría ser un teórico vehículo de contagio, por lo que estas prácticas se desaconsejan.

La hepatitis C no se contagia por la leche materna, los abrazos, la tos, estornudos, comida o agua, contacto casual, uso compartido de utensilios de comida o vasos.
http://www.elmundo.es/elmundosalud/especiales/2003/12/hepatitis/p05.html

¿Quién custodia a los custodios?

Por María Angélica Oliva-José Miguel Vera*

La corrupción en la Administración Pública es una evidencia indesmentible, pero además injustificable. Los casos que se investigan en Ferrocarriles del Estado, en el Ministerio de Educación y en la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo ilustran de manera fehaciente. Hay por lo tanto, responsabilidades institucionales que todavía no han sido aclaradas y, lamentablemente, tampoco asumidas por sus protagonistas.

De esa evidencia se desprende la necesidad, primero, de reconocer. Esto significa examinar con cuidado la situación para enterarse de su identidad, naturaleza y circunstancias y, segundo, dar a conocer el problema, esto es, que se haga público y tenga así la más amplia publicidad posible. Lo cual es condición necesaria para encaminarse a la solución del acto de corrupción, no en vano Albert Einstein enseñó que la formulación del problema es, a menudo, más importante que su solución, precisamente, porque en ello radica la condición de posibilidad de su comprensión. No asumir el problema de la corrupción, por parte de quienes tienen la obligación de hacerlo, configura una situación de complicidad, y ello es otra modalidad de corrupción.

Es bueno recordar que la corrupción al instalarse en la función pública, representa un severo peligro para la democracia. Por ello, debe ser eliminada de raíz y los corruptores y corrompidos, es decir los corruptos, deben ser conocidos por la ciudadanía y sancionados por las autoridades pertinentes.

Frente a la pregunta de por qué ocurre la corrupción hay una respuesta bastante conocida y difundida: el poder corrompe. ¿Es éste el caso de nuestra Administración Pública? Parece que sí, pero no existe una voluntad manifiesta de asumirlo.
El poder, por ejemplo, está presente e influye en el cuoteo político, es decir, para el nombramiento de funcionarios se privilegia la filiación política sobre la idoneidad, resultado de lo cual hay incompetencia, y no pocas veces negligencia en el desempeño de la función y el corolario de esta situación es la corrupción por parte del funcionario, que no es capaz de asumir sus limitaciones. Sócrates, el gran filósofo griego, al ser reconocido por el Oráculo de Delfos como el más sabio de los griegos, responde con la docta ignorancia (“Solo sé que nada sé”). Para él, uno de los peores males era que el ignorante se creyese sabio, pues con su conducta llevaría a la comunidad al desastre, por eso dedicó casi toda su vida a la mayéutica, es decir, a ayudar a que los otros encontraran la verdad reconociendo sus errores y limitaciones, tal como queda expresado en su voz ‘serás más humano porque ya no pensarás que sabes lo que realmente no sabes. Ese es todo el poder de mi arte mayéutico’.

Por eso, es tan importante identificar los problemas (donde se produzcan) reconocerlos, asumirlos y usar la recta razón que, para el caso, significa aplicar la ética a la función pública presente en nuestro ordenamiento jurídico en un conjunto de normas sobre ética y probidad en el ejercicio de la función pública. Éstas no sólo deben ser rigurosamente aplicadas, sino además extensa y persistentemente publicitadas.

Bien y mal constituyen las fronteras entre las cuales se mueve la conducta moral. Es en relación a estos referentes donde hay que situar la probidad y su contraposición, la corrupción; mientras la probidad es una conducta funcionaria que explicita la orientación moral adecuada o correcta y deriva de la intencionalidad del funcionario en el cumplimiento del deber; en la corrupción, que se sitúa justamente en su antípoda, el funcionario utiliza el poder emanado de su cargo en su propio beneficio.

La limitación y ramplonería en el lenguaje de algunos ministros es una franca exteriorización de la decadencia del sistema. Resulta inaceptable que, por no asumir una situación tan evidente como la corrupción ambiente en la Administración Pública, se trate de minimizar, enmascarar o desdibujar el problema que es, sin duda, grave. Por ejemplo, personeros como el Vocero de Gobierno, que debiese representar el paradigma del correcto y adecuado uso del lenguaje, privilegiando una servidumbre mediática no cumple con esta exigencia de su cargo y opta por la banalización de su lenguaje pervirtiendo, con ello, el ethos de su función que es ser porta-voz del Gobierno.

Bien, Deber y Poder son tres elementos que entran en juego en el ejercicio de la función pública. Si ellos están en equilibrio el producto será un desempeño probo por parte de los funcionarios. Sí, en cambio, se desequilibran en la dirección del abuso de poder, tendremos un caldo de cultivo para el desarrollo de la corrupción de los funcionarios públicos. Por consiguiente, la probidad en la medida que se cumpla, garantizará la dignidad de la función pública, y eso es fundamental para la buena salud de la democracia.

La preservación y el fortalecimiento del espacio público, de la democracia, es la principal tarea de las máximas autoridades. Ello exige una auténtica vocación política y una estricta sujeción a la normas de probidad y transparencia, pues son los custodios en los que la ciudadanía depositó su confianza. Mas, ¿Quid custode custodens? La organización política y jurídica de la Nación contempla organismos fiscalizadores autónomos como la Contraloría General de la República, ella es la que entra en funciones cuando no han realizado su tarea quienes tienen la primera obligación de hacerlo; indirectamente también lo hacen los medios de comunicación: radio, televisión, prensa, internet, quiénes ampliando el espacio público informan a la ciudadanía del curso de los acontecimientos. Sin embargo, lo delicado del asunto es que los custodios, en la medida que no sean capaces de reconocer y asumir la responsabilidad por los actos de corrupción en la Administración Pública, desestabilizan y tergiversan el sentido más propio de la democracia.
Ciertamente, tiene razón la sabiduría popular cuando afirma que “la verdad aunque severa es amiga verdadera”.Verdad que no sólo debe alcanzar al común de los ciudadanos, sino principalmente a las autoridades que custodian la democracia.

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*María Angélica Oliva es académica del Instituto de Investigación y Desarrollo Educacional y de la Escuela de Derecho de la Universidad de Talca.

*José Miguel Vera es filósofo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

Expertas entregan ideas para crear políticas públicas contra el hostigamiento escolar

ELMERCURIO.COM

Fenómeno del “bullying”:
Expertas entregan ideas para crear políticas públicas contra el 
hostigamiento escolar

Lunes 14 de abril de 2008

“Hay que generar dinámicas y discusiones en los colegios para acabar
con el hostigamiento”, dice Soledad López de Lérida.

Integrar el tema en la formación de profesores, limitar la repitencia 
y mejorar la arquitectura de los colegios son claves para mejorar el 
clima en la sala de clases, afirman las psicólogas de la UC Neva 
Milicic y Soledad López de Lérida.

Manuel Fernández Bolvarán

“No hay que ver al “bullying” como algo normal. Apenas surge, hay que 
poner las cosas en su lugar, por el bien tanto de la víctima como del 
victimario”. Neva Milicic, psicóloga de la UC, está convencida de que 
acabar con el hostigamiento escolar debiera ser una tarea prioritaria 
para los colegios.

Por eso, junto con la psicóloga Soledad López de Lérida, elaboró un 
documento que propone una serie de políticas públicas para erradicar 
este fenómeno. Un texto que surgió a partir de una serie de 
investigaciones en terreno y conversaciones con protagonistas de casos
de “bullying”.

Para las expertas, el punto clave que debe mejorarse es la formación 
inicial docente. “Debiera ser un requisito para obtener la 
acreditación de una pedagogía el que su malla incluya cursos sobre 
manejo del hostigamiento”, propone Milicic.

Esta mejor preparación debiera ayudar a los futuros maestros a 
solucionar conflictos de manera que el victimario no sólo se lleve un 
reto, sino que también se genere en él una enseñanza moral, donde 
descubra que su actuar es incorrecto.

“Para eso el profesor debe ser muy cuidadoso. No puede resolver los 
problemas a gritos, porque si no, lo que transmite es la lógica de que
manda el más fuerte, que es la misma detrás del ‘bullying’”, explica 
López de Lérida.

Para ayudar a los profesores que hoy tienen que enfrentar estas 
situaciones, las psicólogas enfatizan la necesidad de que el Estado 
provea a los colegios de recursos didácticos que generen discusión en 
torno a la convivencia. Películas como “Cadena de favores” o “Los 
niños del cielo”, además de libros, serían los materiales más 
recomendables.

Blogs y TV

Otro aspecto clave es pensar mejor en la arquitectura de los colegios.
 
“Hay que evitar esos rincones que se prestan para las maldades o las 
escaleras sin protecciones donde se ponen a mirar a las niñitas desde 
abajo”, puntualiza Milicic.

Y también plantean ideas que pueden resultar controvertidas, como 
limitar aún más las posibilidades de repitencia, pues el fracaso 
escolar puede originar estados de resentimiento en los alumnos. “El 
‘bullying’ surge a partir de una diferencia de poder. Cuando en una 
sala hay diferencias de edad, aumenta esa diferencia, y si se suma esa
rabia, el niño repitente puede caer con facilidad en conductas 
hostiles”, explica López de Lérida.

De todos modos, según las investigadoras, las políticas públicas no 
sólo debieran involucrar a las escuelas. Por ejemplo, señalan que los 
medios de comunicación, en especial la televisión, debieran ser más 
cuidadosos. En especial en los reality shows, donde al recurrir a 
maltratos psicológicos, se termina legitimando la violencia.

Otra propuesta apunta a campañas públicas que incentiven a los padres 
a revisar los blogs y fotologs de sus hijos. “Los blogs son para ser 
leídos, y la evidencia muestra que muchos niños que lo están pasando 
mal lo reportan a través de internet”, sentencia Neva Milicic.

“El Estado debiera entregar a los colegios una biblioteca docente, con
textos que ayuden a los profesores a manejar situaciones difíciles”.

NEVA MILICIC, Psicóloga U. Católica

Violencia contra la infancia

Por María Estela Ortiz, vicepresidenta ejecutiva de la Junji

Aún falta demasiado para que la sociedad comprenda que el respeto a 
los más pequeños permite potenciar aprendizajes que los harán en su 
vida adulta hombres y mujeres buenos.

Quiero expresar la enorme conmoción que siento por las noticias 
recientes que despiertan nuestra conciencia ante la violencia, el 
abuso y la muerte que adultos han cometido a los niños más pequeños de
nuestro país. Quiero expresar, también, mi solidaridad y la de la 
institución que dirijo a cada una de las familias de los niños y niñas
que han sufrido estas dolorosas experiencias.

Estoy segura de que esta conmoción y solidaridad también invade a la 
mayoría de nuestra sociedad cada vez que conocemos situaciones de 
violencia y abuso que afectan a nuestros niños y niñas. Deseo 
invitarlos, desde cada uno de los espacios en que viven, a transformar
la triste pasividad que nos invade en acciones concretas que impidan 
de manera creciente que nuestros niños y niñas vivan estas 
destructoras experiencias. Es responsabilidad de todos que no siga 
ocurriendo: es un deber de cada uno de nosotros levantar la voz y 
exigir tanto la protección de los niños y niñas, como el ejercicio de 
sus plenos derechos como personas, tal como lo señala la Convención de
 
Derechos del Niño, firmada y suscrita por Chile en 1990.

El maltrato infantil en sus distintas formas -algunas francamente 
deleznables- constituye uno de los problemas sociales más graves que 
afectan a nuestra infancia, en especial si consideramos que 75,3% de 
ella ha sufrido algún tipo de violencia (según cifras de la Unicef de 
2006). Cada uno de los chilenos y chilenas, desde su rol particular, 
estamos llamados a respetar a los más pequeños y a resguardar el buen 
vivir en la niñez, porque es en la infancia donde se define lo 
sustancial del desarrollo de una persona. Me parece que una buena 
manera de calibrar el progreso y el futuro de una sociedad es 
reparando en cómo ésta trata hoy a sus integrantes más desvalidos y 
vulnerables, y, por cierto, los niños que son los que más lo 
necesitan, porque no tienen posibilidad alguna de defenderse.

Madres, padres, educadores y adultos en general debemos ser garantes 
del respeto hacia los niños y niñas y de donde emane el cuidado y el 
amor que fortalecerá el mejor desarrollo y crecimiento de cada uno de 
ellos. Ninguna casa, ningún jardín infantil, ninguna escuela y ninguna
calle está libre de que esto no suceda, sea cual fuere su condición 
económica.

Nuestra institución, en el marco de la política de protección integral
a la infancia del actual Gobierno, ha instalado, como eje estratégico 
de su gestión, el buen trato infantil, creando las Unidades de Buen 
Trato en todas las regiones del país. Queremos ser un actor importante
en el proceso de erradicación de la violencia que afecta a los 
párvulos: el propósito es revertir la actual situación y dar un vuelco
de tuerca desde la violencia hacia el amor.

Educadoras y técnicas de párvulos están siendo capacitadas en la 
protección a los niños, donde la detección temprana de los eventuales 
casos de abuso y violencia es fundamental. Las dinámicas que se 
ejercitan con la familia, la difusión de la normativa de acción y el 
trabajo en redes, son acciones concretas que buscan, además del 
bienestar de los niños, la educación de la comunidad en este tema, 
pues sin la comunidad no podemos lograr nada.

Pero lo que hacemos -es claro- no es suficiente. Detectar, intervenir 
y prevenir la violencia o abuso de manera oportuna, y a la vez 
promover el buen trato a todo nivel, resulta urgente si consideramos 
que todo tipo de abuso infantil tiene consecuencias irreparables en el
desarrollo integral de niños y niñas en los primeros años de vida. Por
ello, es urgente intervenir a tiempo. Como país, hemos avanzado en 
tomar conciencia del real significado del maltrato en la vida de un 
niño. Pese a ello, aún falta demasiado para que la sociedad comprenda,
como una verdad irrefutable, que el respeto hacia los más pequeños 
permite su bienestar, su desarrollo integral y potencia los 
aprendizajes que los harán en su vida adulta hombres y mujeres buenos,
capaces de respetar, a su vez, a los más pequeños.

La tarea es clara: el reproche y la denuncia de la violencia infantil 
es una misión de todos. Pero también lo es la promoción y ejercicio 
del buen trato hacia los niños y niñas que nos rodean, como práctica 
cotidiana en la vida de nuestras familias y comunidades. Con ello 
aportaremos a cambiar la vida a nuestros niños y niñas y, de este 
modo, a cambiar el futuro de nuestro país.

Uribe se abre al canje de guerrilleros presos por Betancourt

La Nacion.cl

Uribe se abre al canje de guerrilleros presos por Betancourt

/ ANSA
Poco después de conocerse grave estado de salud de la ex candidata 
secuestrada, el gobierno colombiano emitió decreto en que autoriza el 
intercambio humanitario.

El gobierno colombiano aprobó un decreto que plantea la posibilidad de
liberar a guerrilleros prisioneros si las FARC hace lo propio con la 
ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, rehén desde febrero de 
2002, en lo que parece ser interés por retomar la posibilidad del 
intercambio humanitario.

El comisionado de Paz, Luis Restrepo, leyó el texto firmado por el 
presidente, Alvaro Uribe, el jueves por la noche, emitido horas 
después de que el gobierno difundió versiones según las cuales 
Betancourt, quien tiene también nacionalidad francesa, padece 
problemas graves de salud.

La propuesta oficial, según lo que dijo Restrepo, consiste en que el 
gobierno dará por sentado que el acuerdo humanitario se concreta si 
las FARC dejan en libertad a Betancourt.

Si las FARC liberan a Betancourt, “nosotros damos ya por realizado el 
acuerdo humanitario y ustedes tendrán derecho a los beneficios 
consignados en la ley colombiana”, dijo Restrepo a las FARC en la Casa
de Nariño, sede de la presidencia.

El funcionario juzgó que se trata de una “oferta generosa” y que no 
tiene “un límite numérico, de hecho puede ser un número singular o 
plural” de liberados, o “puede ser el beneficiario un guerrillero o 
varios”, dependiendo de lo que se acuerde entre las partes en
conflicto.

El intercambio humanitario es impulsado por numerosos gobiernos, en 
especial los de Francia -interesado en particular por la situación de 
Betancourt-, los de Ecuador y Colombia, porque creen que será una 
forma de atenuar el conflicto interno colombiano que repercute 
fuertemente en sus territorios, y muchos otros.

Cuatro millones de desplazados interno

17 de abril del 2008
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/newsid_7353000/7353561.stm

Cuatro millones de desplazados interno

Redacción BBC

Varios grupos indígenas han sido forzados fuera de sus tierras
por el conflicto interno colombiano.

Colombia es el segundo país en el mundo con mayor número de desplazados
internos, según un estudio patrocinado por la Organización de las
Nacione Unidas.

Según el informe anual realizado por el Consejo Noruego para los
Refugiados (CNR), más de 26 millones de personas fueron desplazadas de sus hogares
dentro de sus propios países en todo el mundo.

Esta es la cifra más alta desde 1993, año en el que los conflictos de
desmembramiento de la ex Yugoslavia y la ex Unión Soviética generaron
un número récord de desplazados.

Los conflictos armados, los desastres naturales y la falta de alimentos
son las principales razones que provocan el movimiento obligado de
personas.

Número en aumento

Muchos gobiernos nacionales en 2007 no tenían la voluntad o
fueron incapaces de evitar que se obligue a ciudadanos a abandonar sus casas
Elisabeth Rasmusson, CNR
En 2007 los tres países más afectados por esta situación fueron Sudán,
con 5,8 millones; Colombia, con cerca de 4 millones; e Irak, con 2,5
millones de personas.
De un total de 52 naciones con conflictos, los tres países sumaron casi
el 50% de número de desplazados.

Aparte de Colombia, tres otros países de América Latina son mencionados
en el informe. Perú, con 150.000 desplazados internos; México con 5.500; y
Guatemala, con una cantidad indeterminada.

Sin embargo, de las cuatro naciones, sólo se señala a Colombia como un
país en donde el número de desplazados se mantiene en aumento.

Crítica a los gobiernos

El corresponsal de la BBC en Ginebra, Imogen Foulkes, señaló que el CNR
critica en su informe a los gobiernos, argumentando que son los
responsables del bienestar de sus ciudadanos.

La CNR responsabiliza a los gobiernos por falta de acción o
voluntad ante el problema.

“Muchos gobiernos nacionales en 2007 no tenían la voluntad o fueron
incapaces de evitar que se obligue a ciudadanos a abandonar sus casas”,
dijo la secretaria general del CNR, Elisabeth Rasmusson.

Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), Antonio Guterres, dijo al presentar el informe que los
desplazados internos tenían que enfrentar la “reticencia o incapacidad” de algunos
gobiernos para proporcionarles protección y asistencia.

La CNR hizo un llamado para que se realicen los esfuerzos diplomáticos
de la comunidad internacional para desarrollar programas de ayuda a los
desplazados internos.

Disturbios por crisis alimenta ria: FMI teme que lo peor está por venir

Elmostrador.cl

18 de Abril de 2008
Disturbios por crisis alimentaria: FMI teme que lo peor está por venir

“En las revueltas del hambre, lo peor, por desgracia, está quizás por 
delante de nosotros”, dijo el director de la entidad, Strauss-Kahn y 
agregó que “cientos de miles de personas van a ser afectadas”.

El director gerente del Fondo Monetario Internacional, Dominique 
Strauss-Kahn, teme que “lo peor” esté por venir en los disturbios 
causados por la crisis alimentaria en países pobres y pide que se 
replantee la producción de biocombustibles hecha con productos 
agrícolas que sirven para la alimentación.

“En las revueltas del hambre, lo peor, por desgracia, está quizás por 
delante de nosotros”, dijo Strauss-Kahn en la emisora “Europe 1″, al 
tiempo que añadió que “cientos de miles de personas van a ser 
afectadas”.

El responsable del FMI explicó que más allá del hambre y los riesgos 
de hambruna, está “la malnutrición” y recalcó que los niños mal 
alimentados llevan las secuelas durante “toda su vida”.

“Es extremadamente grave. El planeta debe afrontar eso”, sentenció 
Strauss-Kahn, quien reiteró su reciente afirmación de que la crisis 
actual puede llevar a “guerras”.

Afirmó que “no se trata de asustar, sino de ver la realidad” y explicó
que, cuando hay situaciones “tan dramáticas”, la población critica a 
sus gobiernos, aunque hayan hecho lo que han podido, y pueden hacer 
caer a ejecutivos democráticamente elegidos.

“La historia está llena de guerras que han comenzado a causa de 
problemas de este tipo”, concluyó.

Por otra parte, el director del FMI consideró que los biocombustibles 
producidos con productos agrícolas alimentarios plantean “un verdadero
problema moral”.

EFE